Paula Ruiz
La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, Criss González, refutó datos ofrecidos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves cuando defendió la polémica presentación de un “megacaso”de fraude que ya tenía solicitud de desestimación.
Chaves señaló a la fiscala por supuestamente haber sido subalterna del economista Leonel Baruch, cuando éste fungía como ministro de Hacienda en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
También afirmó que ella dio curso a la solicitud de desestimación pese a haber estado en vacaciones el pasado 2 de enero.
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“Criss González, ella fue subalterna directa de Leonel Baruch en Hacienda del 1 de enero de 1999 al 3 de agosto de 2001. Y eso, en sí mismo, debió haberla obligado a inhibirse de ver este caso, (pero) no lo hizo”, dijo Chaves durante la conferencia de prensa de este miércoles.
El Presidente también alegó que el trámite se realizó de forma rápida “en un día feriado” y acusó a González de meterlo “debajo de la alfombra”.
No estaba de vacaciones
La fiscala fue clara en que el día 2 de enero estaba laborando, siguiendo las instrucciones del aviso N°25 del Consejo Superior del Poder Judicial.
“En cumplimiento de la directriz emitida por la Unidad Administrativa del Ministerio Público, en acatamiento de dicho aviso, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios informó, el martes 06 de diciembre de 2022, que un fiscal de nuestra oficina laboraría del 26 al 30 de diciembre y mi persona laboraría del día 02 al 06 de enero del presente año; además, se informó que los técnicos judiciales también trabajarían en esas fechas para dar soporte a los fiscales”, puntualizó González.
Con respecto a su presunto ligamen con Baruch fue clara en que nunca lo tuvo como jefe directo.
“En relación con mi trabajo en el Ministerio de Hacienda, informo que laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio”, especificó la fiscala.
Luego, solicitó un permiso sin goce de salario entre el 2000 y 2001 para participar en una beca para una maestría en derecho empresarial.
Con respecto del caso, la fiscala defendió que por el expediente 22-000070-0621-PE sí se realizó un trámite con sus homólogos de Panamá.
“Al respecto, consultada la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del MP, se nos informó vía correo electrónico que, ante consulta realizada, su homólogo en Panamá comunicó que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante Ley No.70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal”, respondió González.
Producto del análisis de los elementos de prueba que se aportaron dentro de la denuncia que dio origen a dicha causa, se remitió por parte de la Fiscalía requisitoria de peritaje ante la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, siendo que, mediante Informe No.222-SADEF-NR-454-22 del 21 de octubre 2022, se comunicó que, para realizar la pericia contable requerida por parte de nuestra fiscalía, se necesitaba el “trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.
La solicitud de desestimación debe ser planteada por el Juzgado Penal y en caso de aportarse nuevos elementos para la investigación, puede ser reabierto.
Luego de lo expuesto esta tarde por el presidente Chaves, el fiscal general Carlo Díaz se refirió a los señalamientos contra González.
“De lo que ella me indica yo no veo ningún actuación que no sea legal y que no sea comprensible”, respondió en consulta con El Observador.
Que interfiera la Procuraduría
Este miércoles, Chaves informó que solicitaron a la Procuraduría General del República (PGR) intervenir en este caso ante la Fiscalía.
“Para que se prosiga con la investigación a cargo del Ministerio Público ya que por el corto tiempo que ha medido entre la presentación de la denuncia y la resolución de desestimación la misma podría estar carente de fundamentación y en este supuesto la Procuraduría General en representación de los intereses del Estado Costarricense debe promover los remedios de impugnación que otorga la legislación procesal”, expone Gerald Campos, ministro de Justicia en la carta enviada a Magda Rojas, Procuradora General.
Al respecto, esta entidad informó que ejercerá en este proceso como lo hace en otros casos.
