Visión País

Fiscalía imputó a 27 personas por “Caso Azteca”; mayoría son funcionarios públicos

por Tomás Gómez
Observador CR

La jornada de allanamientos y detenciones del “Caso Azteca”, donde se investiga la eventual penetración del narcotráfico en Acueductos y Alcantarillados (AyA), se extendió el martes hasta avanzada la noche con los primeros trámites judiciales.

El Ministerio Público confirmó que fue al filo de las 9:00 p.m. cuando se terminó de tomar declaración a los 27 detenidos.

Todos los detenidos permanecen en el I Circuito Judicial de San José a la espera de que el Juzgado Penal arranque audiencia. En ella se pedirán medidas cautelares para 26 de los sospechosos.

El Caso Azteca se manejará bajo el expediente 19-000129-0622-PE.

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Como eventuales delitos dentro del proceso se mencionan:

El Caso Azteca en resumen

Investigaciones que se sostenían desde hace 2 años salieron a la luz el martes con un megaoperativo en el que se ejecutaron 37 allanamientos.

Las intervenciones abarcaron las casas de los sospechosos, un bar, siete sucursales de AyA, y dos agencias del Banco Nacional (BNCR).  

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas, estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país.

Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado. 

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Para ello, se cree que funcionarios del AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago. 

En apariencia, desde el 2019 lograron la adjudicación de al menos 16 contrataciones administrativas. 

La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.