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Empleados del AyA habrían ayudado a grupo ligado al narco a ganar millonarias licitaciones para lavar dinero

Un nuevo caso judicial sacude las instituciones estatales y este martes el turno fue para Acueductos y Alcantarillados (AyA), donde…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Empleados del AyA habrían ayudado a grupo ligado al narco a ganar millonarias licitaciones para lavar dinero
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Un nuevo caso judicial sacude las instituciones estatales y este martes el turno fue para Acueductos y Alcantarillados (AyA), donde el narcotráfico habría logrado penetrar mediante organizaciones que ganaron millonarios contratos gracias a la intervención de al menos 14 funcionarios del ente público.

Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un mexicano y un colombiano investigados por tema de narcotráfico conformaron empresas de construcción que servirían de mampara para la legitimación de capitales. Las mismas habrían tenido un trato preferencial en materia de licitaciones.

“Presuntamente las empresas participaban en los concursos de obras públicas de una institución del Estado, en los cuales y con la aparente ayuda de los funcionarios antes citados, ganaban los concursos con lo cual lograban la aparente legitimación de capitales provenientes del narcotráfico”, detalló el OIJ.

“Se presume que las licitaciones alcanzaron sumas entre los 700 y 800 millones de colones desde el 2020 a la fecha”, calculó la institución.

Como parte de la misma causa, se detuvo a dos funcionarios del Banco Nacional. Al menos uno de ellos, “presuntamente les asesoraba en la manera en que podían realizar créditos bancarios para ocultar la forma en que el grupo legitimaba el dinero y la obtención de moneda extranjera sin generar alerta ante el sistema bancario”.

37 allanamientos en todo el país

La investigación en proceso recibió el nombre de “Operación Azteca” y esta mañana detonó con 37 allanamientos en todo el país.

Agentes de la Sección de Estupefacientes del OIJ realizaron intervenciones en Puntarenas, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro del General, Esparza, Orotina, San Mateo y Pérez Zeledón.

En horas de la mañana se hicieron 26 detenciones, entre las que estarían los 14 funcionarios de AyA.

Los detenidos están presuntamente relacionados con delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción, agregó el OIJ.

Casas de habitación y oficinas fueron la sede de las operaciones, donde se decomisó maquinaria perteneciente a las supuestas empresas constructoras, documentación, archivos de las bases de datos de la institución pública y demás pruebas.

La pista de 195 kilos de drogas

El seguimiento de la operación surgió desde hace 2 años cuando un mexicano fue detenido con 195 kilos de cocaína en Zapote.

A este hombre se relacionó con un colombiano que ya tenía antecedentes por narcotráfico y al ampliar la investigación se hallaron vínculos con más personas, tanto extranjeras como costarricenses.

“Se logró determinar que estos sujetos, al parecer, creaban empresas dedicadas a la construcción, con sociedades bien conformadas. Para ello, aparentemente contaban con la ayuda de una abogada ubicada en Puntarenas, quien además al parecer les ayudaba con el traspaso de propiedades y la consulta de vehículos para determinar si eran vehículos policiales”, dicta el parte del OIJ.

Por la misma causa ya se había hecho un allanamiento previo en agosto del 2020 que permitió más decomisos de drogas.

AyA dice que no sabía

Minutos después de los allanamientos el presidente ejecutivo de AyA, Tomás Martínez, indicó que se colaborará con las instituciones, aunque no tenían detalles del caso.

“No tenemos detalles sobre los casos que están siendo investigados, pero confiamos plenamente en las autoridades judiciales y vamos a prestar la ayuda que se nos requiera con el fin de determinar si funcionarios nuestros están relacionados con los hechos irregulares que, se menciona, habrían sucedido con contrataciones realizadas por oficinas regionales del AyA”, manifestó.

Agregó que había recibido denuncias de irregularidades en la sede de Puntarenas pero por otros temas.

La institución tiene una planilla de 3.700 personas distribuidas por todo el país.