A cuentagotas, se van conociendo más detalles de la investigación judicial que se sigue por la polémica solicitud de datos hecha por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Este lunes la Fiscalía confirmó la versión de se había hecho un secuestro de documentos en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
“La diligencia se llevó a cabo el pasado 13 de setiembre”, apuntó el Ministerio Público. Detallaron que la gestión estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La institución agregó que por tratarse de la etapa preparatoria de la investigación no es posible profundizar en detalles.
En la Prodhab se analizaban las solicitudes gestionadas tanto ante la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) como al resto de bancos.
Como parte del proceso, incluso se habían interpuesto medidas cautelares pero ahora, además del secuestro está abierto el debate sobre la aplicabilidad de sus órdenes. Luego de que la Sala Constitucional acogiera reclamos contra el mismo tema del Banco Central, se indicó que los procesos quedaban frenados, aunque otras voces expertas alegan que todas las actuaciones podrían mantenerse, salvo la resolución final.
Previamente se había consultado a Fiscalía por las acciones que venían desarrollándose en la investigación; pero anotaron que no podrían darse detalles por ser diligencias de la fase de investigación.
Lo que se sabe del expediente
Según la información que ha publicado la Fiscalía, la investigación es 23-000107-1218-PE y tiene como imputada a Rocío Aguilar.
“La causa se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta; debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos”, señaló la institución.
Entre las diligencias realizadas destacó cuando el 1° de setiembre se hizo un allanamiento para obtener un acta del Consejo Nacional del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). En ese momento se indicó que hubo un acuerdo en la sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra Aguilar.
De acuerdo con Fiscalía, también busca establecer, si directivos del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
A ello se suma también la convocatoria en calidad de testigos al Procurador General de la República, Iván Vincenti, y la Procuradora Silvia Patiño, dada a conocer por este medio la semana anterior.
El Observador consultó al Ministerio Público si se habían realizado otros allanamientos, secuestros de documentos o trámites; pero alegaron que no se puede brindar información por tratarse de una investigación en curso.
La pretensión del Banco Central de obtener datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, genera críticas y oposición de diversos sectores y analistas.
Las reacciones se dan luego de trascendió una denuncia penal que interpuso la gerente del Banco Central, Hazel Valverde, en contra de Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por la negativa de esta institución supervisora a proveer acceso a datos que considera confidenciales.
Posteriormente también se conoció que el ente emisor también demandó al gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, por esta misma causa.
Mientras unos critican la petición el Central se ha defendido diciendo que no se trata de datos sensibles y que los necesitan para hacer un indicador hidrológico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).