Redacción El Observador
La Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) suspendió desde el 5 de setiembre el procedimiento que abrió contra el Banco Central, mientras espera que la Sala Constitucional se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la misma entidad.
Así lo expuso en la resolución 725-2023. “Al ser el acto que se encuentra objetado en dicha acción de inconstitucionalidad, la base de la pretensión del denunciante y que busca que está Agencia resuelva sobre la aplicación de la misma en los términos de la Ley No. 8968, lo procedente es suspender el conocimiento, análisis y resolución del presente procedimiento de protección de derechos, hasta que la Sala Constitucional, se haya pronunciado sobre la acción de inconstitucionalidad que conoce bajo el expediente N° 23-020910-0007-CO”, indica el documento.
Según el documento, Prodhab suspendió el conocimiento, análisis y cualquier tipo de resolución del procedimiento de protección de derechos que se tramita bajo el expediente N° 180-08-2023-DEN, interpuesto por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de los Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu) contra Banco Central.
La acción de inconstitucionalidad trata sobre el mismo tema y la tramitó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Esta decisión de Prodhab fue citada el jueves por Róger Madrigal, presidente del Banco Central, en su comparecencia antes los diputados de la Comisión legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público.
Banco Central seguirá pidiendo datos
Un criterio técnico legal del Banco Central señala que los procesos llevados por la Sala Constitucional y la Prodhab no representan un impedimento para seguir pidiendo información a personas físicas, jurídicas o instituciones públicas.
“Hoy en día no existe una orden de carácter judicial o administrativo que restrinja al Banco Central de hacer uso de la prerrogativa que le otorga la ley de solicitar información con fines estadísticos”, dice el criterio DAJ-CJ-0079-2023 del jueves 14 de setiembre, al cual El Observador tuvo acceso.
Esta es una de las dos conclusiones contenidas en el documento, elaborado a solicitud de la gerente general del banco, Hazel Valverde, y compartido con las gerencias de los bancos comerciales del país.
La segunda conclusión es que en medio de la polémica actual por el manejo de datos confidenciales y privados de los costarricenses el BCCR (como los crediticios) tiene fundamento jurídico, sólido, válido y vigente para continuar haciendo requerimientos de información “con fines estadísticos”.
Oposición
En medio de estos procesos judiciales y administrativos distintos sectores se pronuncian en contra de la solicitud y manejo de datos por parte del Banco Central.
El 14 de setiembre los empresarios agrupados en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidieron formalmente al Banco Central que detenga la solicitud de información sobre movimientos financieros sin anonimizar de deudores y ahorrantes.
La cúpula empresarial pidió hacer la pausa mientras la Sala Constitucional emite una resolución. Asimismo, la agrupación pidió a Madrigal que se retiren las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía por no entregar la información.
A la fecha han trascendido dos denuncias penales gestionadas por la gerente del Banco, Hazel Valverde.
La primera contra la superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, y la segunda contra el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro. En ambos casos por negar el acceso a información que se considera confidencial.
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