Las medidas cautelares que regirán a partir de este sábado 26 de marzo para más de 30 imputados del Caso Cochinilla se darán a conocer la noche de este viernes.
Las medidas vigentes -que incluyen la detención de los constructores Mélida Solís y Carlos Cerdas- vencen el día 26, por lo que a lo largo de esta semana se tuvo una audiencia para determinar cómo seguirá el proceso.
El tribunal convocó a las partes para que al ser las 6:30 p.m. se conecten a una sesión virtual donde se dará a conocer su resolución.
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A lo largo de la semana había trascendido que la Fiscalía pidió prorrogar las medidas por al menos 6 meses más.
Los abogados defensores, por su parte, rechazan la pretensión y están a la espera de una resolución más favorable.
El punto clave: la resolución sobre crimen organizado
El Caso Cochinilla ha estado marcado por diversos cuestionamientos a nivel jurídico sobre el tratamiento que debe llevar.
Fundamentalmente la duda salta por la aplicación de la Ley de Crimen Organizado. Al respecto hay un debate abierto pues eventualmente normas esenciales de ella habrían quedado derogadas.
De hecho, en una audiencia previa del Caso Cochinilla se había resuelto en tal línea y se plantearon apelaciones que están pendientes.
La declaratoria de crimen organizado había permitido aspectos como la intervención telefónica para las investigaciones. Además, afecta los plazos para las medidas incluyendo las cautelares.
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Ese último punto sería clave en Cochinilla, pues permitiría un máximo de un año de prisión preventiva y de ser necesaria una prórroga habría que escalar en la jerarquía judicial.
Esas limitaciones chocarían con las pretensiones de la Fiscalía sobre alargar más las medidas, sobre todo las detenciones.
Nueve meses de Cochinilla
Han pasado más de nueve meses desde los allanamientos que sacaron a la luz pública el Caso Cochinilla el 14 de junio del 2021.
Desde entonces el debate se ha enfocado en qué pasó eventualmente con ¢78.000 millones. Aunque las autoridades dijeron desde de un inicio que no se trataba de un robo, la idea quedó en el imaginario colectivo.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los 78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado; lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo entonces Walter Espinoza, director del OIJ.
Semanas atrás la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó ante Fiscalía que el dinero nunca salió pues la crisis previa al Plan Fiscal hizo que se destinara a otros temas.
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Los hechos cuestionados se habrían dado en 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.
Paralelamente, la investigación detectó eventuales cobros de dádivas y sobornos que eventualmente recibían burócratas. Estas iban desde pagos en efectivo y salchichón para fiestas hasta servicios sexuales.
