Tomás Gómez
En una entrevista con los fiscales, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó que los fondos que supuestamente se malversaron y que dieron sustento a la investigación del “Caso Cochinilla” ni llegaron a salir del Gobierno y menos lograron repartirse.
“Esos fondos no salieron del Ministerio de Hacienda en 2018, que se los dejó sin transferir y los usó para los pagos ordinarios y fueron consumidos para el presupuesto de la República”, aseguró en su declaración del 10 de febrero anterior ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Aguilar ya había adelantado dicho criterio en la Comisión Legislativa que ve el Caso Cochinilla. Ahora, lo reitera ante el Ministerio Público según el acta a la cual El Observador tuvo acceso.
A la funcionaria se le preguntó sobre si los más de ¢70.000 millones bajo investigación habrían beneficiado a las constructoras, lo cual descartó.
“Esos fondos se quedaron en Hacienda, el ministerio no contrata empresas”, explicó.
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Luego se le repreguntó por el manejo de los fondos, pero según justificó, terminaron por cubrir otros pagos del Estado.
“Era imposible que esos fondos se usaran para algo diferente porque se quedaron en el Ministerio”, insistió.
En medio de la crisis del Plan Fiscal
Rocío Aguilar, actual Superintendente de Entidades Financieras y Pensiones, fue citada en calidad de testigo al Caso Cochinilla.
Su comparecencia tuvo lugar el pasado 10 de febrero y en ella explicó las peripecias que pasaba el presupuesto nacional cuando supuestamente se daba el mal manejo de recursos en obras públicas.
Según detalló, en su periodo como Ministra no tuvo relación directa con Conavi pues aún no regía la ley que incluyó los fondos de órganos desconcentrados al presupuesto nacional. Eso sí, desde su cargo se veía al Ministerio de Obras Públicas que posteriormente pasaba los recursos al Conavi.
Sin embargo, para fines del 2018 las finanzas públicas estaban en un punto crítico, lo que generó un escenario particular.
Dada la complejidad que implicó pasar el Plan Fiscal -con una huelga de por medio- y con la parálisis económica que tenía el país, fue necesario recurrir a las Letras del Tesoro para poder financiar el aparato estatal.
Para diciembre de ese año, cuando vencían las letras, Hacienda tuvo que recurrir a diversos ingresos para pagarlas. Ello incluyó cerca de ¢70.000 millones que se habían cobrado como parte del marchamo y que irían a Conavi por lo referente al Impuesto al Ruedo, pero que nunca llegaron.
“Los ingresos presupuestados hubo que reducirlos, por lo que el MOPT se dejaron de girar mas de ¢70mil del impuesto al ruedo, que eran a favor del Conavi que par ley son de ellos. No tengo el monto exacto de memoria, pero eso está en documentos público.
“Esos recursos no girados sf ingresaron a Hacienda, pero no al MOPT, y no podían salir después de diciembre de 2018 porque el presupuesto había fenecido”, explicó la exjerarca de Hacienda.
En caso de que esos recursos no girados hubieran hecho falta, se habría tenido que tramitar un presupuesto extraordinario. Este tendría que haber sido aprobado por la Contraloría pero nunca se tramitó, lo que confirmaría que los recursos nunca se tocaron.
Aguilar aseguró también que no recuerda haberse reunido ni con el Ministro de del MOPT, Rodolfo Méndez ni equipos del Conavi.
Además aseveró que no podría hablarse de sustracción de fondos. Esto por cuanto se quedaron en Hacienda para los diversos rubros.
“Esos fondos se quedaron en Hacienda y no puedo indicar en específico para qué se usaron; puede ser salarios, pensiones, intereses, letras del tesoro, etcétera”, insistió.
Cochinilla y las dudas sobre ¢78.000 millones
Han pasado 8 meses desde los mega-allanamientos que sacaron a la luz pública el Caso Cochinilla.
Desde entonces el debate se ha enfocado en qué pasó eventualmente con ¢78.000 millones. Aunque las autoridades dijeron desde de un inicio que no se trataba de un robo, la idea quedó en el imaginario colectivo.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los 78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado; lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo entonces Walter Espinoza, director del OIJ.
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Los hechos cuestionados se habrían dado en 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.
Paralelamente, la investigación detectó eventuales cobros de dádivas y sobornos que eventualmente recibían burócratas. Estas iban desde pagos en efectivo y salchichón para fiestas hasta servicios sexuales.
Al estallar el Caso Cochinilla se dio una serie de allanamientos, incluyendo la segunda intervención de la historia a Casa Presidencial (Tomás Gómez/El Observador)
