Tomás Gómez
Antes del sábado 26 de marzo las autoridades judiciales deberán tener definido qué pasará con los imputados del Caso Cochinilla. Ese día se vencen las medidas cautelares vigentes, incluyendo las detenciones.
La Fiscalía ya pidió una prórroga de seis meses pero hay que recordar que son decenas de las personas las involucradas en el expediente.
De hecho, desde el lunes se lleva a cabo una audiencia para que todas las partes expongan sus argumentos.
La cita tiene lugar el II Circuito Judicial en Goicoechea y podría extenderse hasta el jueves o el viernes.
Plazos y normas marcan las dudas
El Caso Cochinilla ha estado marcado por diversos cuestionamientos a nivel jurídico sobre el tratamiento que debe llevar.
Fundamentalmente la duda salta por la aplicación de la Ley de Crimen Organizado. Al respecto hay un debate abierto pues eventualmente normas esenciales de ella habrían quedado derogadas.
De hecho, en una audiencia previa del Caso Cochinilla se había resuelto en tal línea y se plantearon apelaciones que están pendientes.
La declaratoria de crimen organizado había permitido aspectos como la intervención telefónica para las investigaciones. Además, afecta los plazos para las medidas incluyendo las cautelares.
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Ese último punto sería clave en Cochinilla, pues permitiría un máximo de un año de prisión preventiva y de ser necesaria una prórroga habría que escalar en la jerarquía judicial.
“El plazo ordinario de la prisión preventiva serían 12 meses y por lo tanto, una vez que el plazo se venciera el Fiscal tiene que pedir la prórroga pero le corresponde ya no al juzgado penal sino al tribunal de apelación de la sentencia”, dijo en Noticias Columbia el abogado de Mélida Solís, Erick Gatgens.
En construcción
Han pasado más de nueve meses desde los allanamientos que sacaron a la luz pública el Caso Cochinilla el 14 de junio del 2021.
Desde entonces el debate se ha enfocado en qué pasó eventualmente con ¢78.000 millones. Aunque las autoridades dijeron desde de un inicio que no se trataba de un robo, la idea quedó en el imaginario colectivo.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los 78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado; lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo entonces Walter Espinoza, director del OIJ.
Semanas atrás la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó ante Fiscalía que el dinero nunca salió pues la crisis previa al Plan Fiscal hizo que se destinara a otros temas.
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Los hechos cuestionados se habrían dado en 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.
Paralelamente, la investigación detectó eventuales cobros de dádivas y sobornos que eventualmente recibían burócratas. Estas iban desde pagos en efectivo y salchichón para fiestas hasta servicios sexuales.
