Si la construcción del nuevo Tren Rápido de Pasajeros se concreta, como pretende el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) tendría que contratar a una empresa para que lo administre y opere. Esto debido a que la cantidad de empleados que tiene actualmente (78 personas) es insuficiente.
Esta contratación sería solo uno de los gastos operativos que significaría la entrada en funcionamiento de dicho proyecto, que se espera esté licitado para el año 2025.
Y esto tendría que pagarse a través de los pasajes que pagan las personas usuarias, aunque una parte del monto estaría subsidiado. Así lo explicaron el jerarca del MOPT, Luis Amador, y el presidente de Incofer, Álvaro Bermúdez.
Diferentes fuentes de ingreso
Las tarifas que paguen los pasajeros se pueden ver reducidas gracias a distintas iniciativas del MOPT. Algunas de ellas requieren de cambios legales para aplicarse.
Por ejemplo, se propone el cobro promedio anual de $0,5 por vehículo mediante un tributo conocido como impuesto al carbono. Los carros que más contaminen pagarán más.
También se propone una reforma a la Ley de Tránsito, de tal forma que no se multe a los vehículos por entrar a la Gran Área Metropolitana (GAM) en días de restricción, si no que se cobre una tarifa por entrar a zonas restringidas.
Otra posibilidad es reformar la ley de tal forma que se transfieran al Incofer recursos de las multas que se aplican en carretera.
Y un último cambio legal tiene que ver con redireccionar recursos del impuesto a los combustibles al fondo utilizado para el sistema de transporte público de la GAM.
“Esas son otras formas de dotar de recursos. Requieren de cambios de ley, pero los recursos de préstamos tiene periodos de gracia de cinco años. Hay tiempo para tomar la decisión de implementar uno o varios o hacer los cambios”, dijo el jerarca.
La posición de Amador
Por otro lado, Amador le encuentra lógica al impuesto al carbono y al redireccionamiento de fondos del impuesto único al combustible porque de esta forma quienes usan carro pagan parte del costo de la operación . No solo se trata de un tema de promoción del transporte para el descongestionamiento de las vías, si no que también trae beneficios ambientales, económicos y otros.
Según Amador con los $800 millones que tendrán disponibles (si se aprueba el crédito con el Banco Europeo) podrían desarrollar el proyecto cuyo costo asciende los $770 millones según los cálculos internos de Incofer (que están siendo convalidados).
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“Si todo sale en la validación como nosotros ya lo hemos estimado nosotros sí tendríamos el 100% de los recursos para construir el sistema, construir los trenes, etcétera”, señala Amador.
Por otro lado, Amador coincide con Bermúdez en que en unos años la relación deuda – Producto Interno Bruto (PIB) habrá bajado, lo que le permitiría a Hacienda presupuestarle a Incofer parte de la operación.
El presidente de Incofer, Álvaro Bermúdez (Josué Alvarado | El Observador).
El presidente de Incofer explicó que otro de los ingresos propios del tren que impactará en el subsidio es el de la publicidad. Con mas unidades de trenes y estaciones habrá más espacios para que las marcas paguen por aparecer.
Además, se espera que cerca de las terminales se experimente un desarrollo inmobiliario, en línea con el servicio ferroviario como comercios, temas habitacionales, oficinas y otras que podrían ser parte de la ecuación.
“Llevamos décadas invirtiendo en transporte privado. En transporte público no se ha hecho una inversión de este tipo nunca, diría yo”, señaló Bermúdez.
El plan del Gobierno es terminar de hacer los estudios y evaluaciones en el 2024 para licitar el proyecto en el 2025. Además, pretende dejar en operaciones la línea 1 que va desde Paraíso hasta San José. El plan completo contempla la conexión de las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela.
El desarrollo de esas próximas etapas se llevaría a cabo durante las siguientes administraciones.
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