Josué Alvarado
Los ingenieros de la Sociedad Portuaria Caldera (SPC) calculan que el Puerto de Caldera, en Puntarenas, colapsará a finales del 2024.
Esto quiere decir que las embarcaciones llegarán al puerto y se podrán “fondear”, es decir, “amarrarse”. Pero no podrán atracar o acercarse a la costa para bajar la mercancía o subirla, debido a que todos los espacios están ocupados.
En su lugar, tendrán que hacer fila y esperar, o bien, optar por irse a otro puerto ante las largas esperas.
Actualmente, Puerto Caldera opera al 90% de capacidad. De 65% en adelante se considera congestión en una terminal como la ubicada en Puntarenas.
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Obras paliativas a la deriva
El gerente general de la SPC, Ricardo Ospina, confirmó al sector exportador de Costa Rica que las obras paliativas que se habían anunciado para evitar esta situación no se ejecutarán, tal y como el Gobierno de Rodrigo Chaves preveía que ocurriera.
Según Ospina, la ejecución de dichas obras dependía de que el contrato de concesión se extendiera por cinco años más.
La intención del Gobierno de Chaves era extender el plazo a la SPC para que operara la terminal hasta el 2031 y no hasta el 2026 como está en el contrato actual.
Sin embargo, Ospina comentó ayer martes 4 de julio que la prórroga de la concesión no se podrá firmar, por lo que tampoco se podrán ejecutar los trabajos paliativos.
Estas obras incluían reformas urgentes en materia de equipamiento, infraestructura y dragado. Se habían acordado con el sector empresarial para tratar de agilizar la operación de la terminal.
Según Ospina, en lugar de estas obras urgentes se pondrán en marcha algunas acciones “light”, pero no evitarán el colapso.
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Contrato de asesoría impide ampliar concesión
Los trabajos paliativos se ejecutarían mientras avanza la licitación para el proyecto de modernización de la terminal, que solucionaría definitivamente esta situación.
En medio de ese proceso, el Gobierno se hace asesorar de la firma Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingles).
Y es el contrato con esta Corporación el que establece que en 2026 tendrá adjudicada a la empresa que administre el puerto en adelante, cuando termine el contrato actual. Podría ser la SPC o cualquier otra, pero no se puede extender el actual.
“No hay ningún razonamiento lógico que permita entender que vas a extender el contrato actual por cinco años más hasta el año 2031.
“Si tu tienes esa premisa encima de la mesa las obras paliativas hoy en día carecen de una razonabilidad para negociar con el concesionario que está en ejercicio”, comentó el gerente de la SPC
Ospina añadió que hay otros eventos que en largo plazo podrían complicar todavía más la operación y adelantar el colapso.
Entre ellos la instalación de los escáneres para el chequeo de los contenedores, lo que afectaría el funcionamiento.
La llegada de nuevas navieras aumentaría el tráfico, o bien, un crecimiento todavía más acelerado de los intercambios comerciales que se dan por el Pacífico también podría impactar negativamente.
Según el representante de la terminal “ninguna proyección dice que lleguemos al 2026” sin colapso.
Otra de las observaciones de Ospina es que los trabajos de modernización iniciarán hasta dentro de unos cuatro años, periodo para el cual no existe un plan remedial.
Añadió que “no hay soluciones reales” y que el reto para quien gane la nueva concesión es “tremendo”.
Ospina brindó estas declaraciones durante un foro organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Cadexco reacciona
Como respuesta a esta situación expuesta por Ospina, Cadexco hizo un llamado urgente a buscar la forma de hacer estos trabajos paliativos.
“Estamos expectantes del resultado de la conciliación entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y el concesionario actual, de esta forma las autoridades de gobierno puedan decidir una ruta de implementación de estas medidas a corto plazo”, señaló el director de la cámara, Rodnney Salazar.
“Puerto Caldera requiere desde hace un año de acciones atenuantes urgentes, para asegurar la continuidad del movimiento de cargas, independientemente del desarrollo que tenga la licitación internacional” añadió.
Desde el 9 de setiembre del año anterior, debido al poco avance de los trabajos que ayudarían a descongestionar el puerto, un grupo empresarial pidió al Gobierno “asumir con mayor urgencia” este tema.
