Tomás Gómez
La versión más reciente del proyecto de ley para ampliar las potestades de intervención de las telecomunicaciones pasó este lunes por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia, donde por un lado pidieron recursos para llegar a ejecutar la propuesta y por otro señalaron que esta sí tiene incidencia en la institución, por lo cual serán necesarios 38 votos para llegar a oficilizarla.
La iniciativa la presentó el Gobierno anterior y recientemente culminó sus posibles enmiendas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
De este último borrador destaca una ampliación del concepto, pues se habilitaría, con permiso del juez, la intervención de “comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico”. Esa última frase permite abarcar más tecnologías que las que queden fijas en la ley.
A ello se suma que se amplía la lista de delitos donde se permitiría pasar por encima del Secreto a las Comunicaciones, consagrado en el Artículo 24 de la Consitución Política. En el formato ingresarían:
- Extorsión
- Extorsión Cobratoria
- Contrabando
- Homicidio Simple
- Femicidio Ampliado
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Por su parte, seguirá igual la lista actual que incluye desde secuestro extorsivo y delitos sexuales contra menores de edad hasta el homicidio calificado; pasando por figuras de narcotráfico o terrorismo.
Igualmente regirá para el listado de delitos de corrupción: cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádiva por acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, concusión; prevaricato, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados. Así como enriquecimiento ilícito, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular, tráfico de influencias, soborno transnacional; influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley en la función administrativa.
Intervenciones ocupan más recursos, alerta Corte
Retomando el debate en el Poder Judicial, este se siguió según un estudio que aplicó Patricia Solano, magistrada de la Sala III.
Ella enlistó retos como el aumento de delitos a abordar mediante la intervención y los plazos que impondría la ley.
“Se hace un incremento del tipo de delitos en los cuales se puede ordenar la intervención de las comunicaciones y esto obligaría a que la institución tenga no solo que contar con más personal técnico y mayores herramientas en el Centro de Intervención de las Comunicaciones para poder cumplir el cometido de la ley”, dijo en su dictamen.
Al respecto reprochó que la oficina técnica ya tiene problemas de capacidad instalada.
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A ello se suma que según la regulación, debería darse respuesta a las solicitudes en un plazo de 3 días naturales para los casos ordinarios y de 5 en aquellos expedientes de tramitación compleja. Al hablar de jornadas naturales en vez de hábiles, se forzaría entonces a tener que laborar en fines de semana y feriados, lo que demandaría más personal.
Ante todo ello, el llamado de la alta jueza incluyó el pedido de los recursos que se lleguen a necesitar.
“Sí se hace necesario que venga con el presupuesto necesario para que nosotros podamos cumplir como Poder Judicial con los fines que la ley propone”, cerró.
Su dictamen fue acogido por 16 votos contra 1.
