Tomás Gómez
La persecución de los préstamos “gota a gota” en Costa Rica sigue teniendo una limitante: la figura como tal no constituye un delito.
Varios proyectos de ley intentan enmendar la situación. Ahora se sumó uno nuevo que vendría no solo a perseguir la figura sino ampliar los poderes de investigación judicial.
La iniciativa la plateó la diputada socialcristiana Daniela Rojas y tiene dos fases.
La primera crea un nuevo delito para combatir la violencia cobratoria. El Código Penal ahora se leería así:
Artículo 214 bis. – Extorsión agravada
Si la extorsión descrita en el artículo anterior fuere cometida contra un deudor o una tercera persona con ocasión al cobro total o parcial, actual o futuro, de tasas de interés que excedan los límites del artículo 36 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 del 20 de diciembre de 1994, la pena será de 5 a 10 años.
PROYECTO 23.858
A ello se suma una ampliación de las intervenciones telefónicas.
Con ello, el delito de “extorsión agravada” podría recurrir a esta herramienta; actualmente reservada para casos como secuestros, corrupción, pornografía, terrorismo y otras líneas de crimen organizado.
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“Lo que busca es que el OIJ pueda hacer intervenciones telefónicas a las personas que están extorsionando a los ciudadanos; que tuvieron que acceder a este tipo de préstamos”, apuntó la diputada.
Los “gota a gota” agravando la seguridad
La preocupación de los préstamos “gota a gota” se ha venido agravando por la violencia e intimidación con que suelen actuar los financistas. También porque miles de personas quedaron fuera del sistema formal por iniciativas como la “Ley de Usura”, teniendo que cubrir sus necesidades en la vía paralela.
El Ministro Mario Zamora alertó sobre el tema. Además, aumentaron las alertas luego de que el Gobierno de Nayib Bukele expulsara de El Salvador a organizaciones colombianas que dominaban el negocio.
La estadística del OIJ, por su parte, denota que si bien el “gota a gota” no es delito, sus métodos sí se investigan y actualmente la tercera parte de los expedientes de extorción están vinculados al efecto.
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Economistas y organizaciones como la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Ascomi) han reiterado también la necesidad de intervenir el tema del acceso al crédito para combatir a los préstamos informales.
“El porcentaje de reporte de estas amenazas y agresiones en instancias judiciales son mínimos ante el temor a represalias, estamos verdaderamente ante una situación catastrófica para las poblaciones más vulnerables”, sostuvo la vicepresidenta de la Asociación, Mónica Navarro.
Solución en manos de diputados
Además de la nueva propuesta del PUSC, otros tres borradores intentan corregir los errores que dejaron a la población en manos de los “gota a gota”.
Consultados al respecto, diputados de varias bancadas como el propio PUSC, Liberación Nacional y el Liberal Progresista coinciden en la necesidad de acelerar las discusiones que actúen tanto contra los préstamos paralelos como contra las vías violentas de cobro.
