Josué Alvarado
El ministro de Hacienda se refiere a la Constitución Política de Costa Rica como una “aspiración”. Dice que esta es una de las características fundamentales de la Carta Magna. También señala que “nadie está obligado a lo imposible” cuando este medio le cuestiona quién puede y quién no puede incumplir la ley, tal y como el Gobierno actual lo ha reconocido bajo la justificación de que no tiene recursos suficientes.
Por ejemplo, para el 2022 se destinó únicamente el 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB) para la Educación Pública. No solo es el porcentaje más bajo de los últimos 12 años, sino que es el monto que destina el Gobierno en medio de un “apagón educativo”. El Estado de la Educación previó una disminución todavía mayor para el 2023.
Ello, a pesar de que la Constitución Política de Costa Rica dice en su artículo 78 dice que la educación es obligatoria, gratuita y costeada por la Nación. También que lo destinado a este rubro no podrá ser menor al 8% del PIB.
(Captura de pantalla)
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“Es una aspiración”
“La Constitución tiene una característica fundamental: es una aspiración de la forma en la cual nos tenemos que conducir”, comentó Acosta en una entrevista con El Observador.
Como alternativa a este incumplimiento, el ministro dijo que habría que cerrar la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para poder cumplir el mandato constitucional.
“Eso es lo que me estás pidiendo que haga para darle el 8% a la Educación. Es lo que me estás demandando”, dijo efusivamente el ministro cuando se le preguntó de qué servía el mandato constitucional si los gobiernos, este y los anteriores, pueden no cumplirlo y hasta reducirlo año tras año.
Para el ministro no solo es imposible cumplir este 8% por lo que él llama falta de recursos. Además, dice que el mandato incumplido también se aleja de la lógica y los datos. Según sus cifras, en la actualidad el sistema educativo público atiende a 900.000 estudiantes pero el número se reducirá hasta 300.000 en el 2050, por lo que desde su lógica el presupuesto debería irse reduciendo.
Ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Foto: Captura de pantalla.
Y cuando se le cuestionó por la falta legal al dedicar un presupuesto menor al ordenado por ley para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) respondió que “nadie está obligado a lo imposible”.
Por mandato legal, este año la administración Chaves Robles debía destinar al menos ¢255.583 millones a este fondo cuyo objetivo es atender la pobreza. Sin embargo, lo destinado únicamente llega a ¢193.452 millones.
Diputados de la Asamblea Legislativa denunciaron desde finales de febrero del 2024 ante la Contraloría General de la República , pero dos meses después el ente contralor sigue analizando si admite o no la denuncia.
Pese a que este medio pidió detalle del proceso a la Contraloría la funcionaria del Área de Denuncia Ciudadana, Grettel Calderón, se limitó a responder “no ha sido admitida”.
“Es la única posibilidad”
Según el ministro Acosta, el Poder Ejecutivo está en la facultad de decir cuándo sí y cuándo no cumple la ley.
“El Estado no tiene los recursos para cumplir todas las obligaciones que le imponen las leyes”, dijo el jerarca durante la entrevista.
El error es estructural, considera el jerarca, y dice que la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa, donde se crean las leyes y las responsabilidades del Gobierno, sin especificar de dónde saldrá el dinero necesario.
“La ley tiene un problema de fondo: no creó los recursos necesarios para financiarlo. Ese es el problema. Es cuando usted llega y me dice que vamos a usar el 8% de la Educación pero no crea ningún impuesto relacionado”, señaló.
Gasto en Educación se reduce
El gasto en las poblaciones con menos recursos en general y en específico el dedicado a la Educación ha sufrido un “declive” durante los últimos años, desde el Gobierno de Carlos Alvarado. Y el Programa Estado de la Nación considera que la erosión se mantuvo al menos hasta el 2023.
“Se trata en este caso de un retroceso absoluto que compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo futuro, por cuanto limita la formación de recursos humanos de alta calidad y la capacidad para sostener los avances de los últimos años”, dice el más reciente informe del Estado de la Nación sobre la Educación.
“El declive de la inversión educativa ocurre en un contexto en el cual más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran con situación de pobreza y en el que los recursos presupuestados para los programas de becas y transferencias condicionadas en el 2022-2023 tuvieron una reducción real acumulada cercana al 30%”, agrega el mismo informe.
El presidente saliente y la jerarca entrante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) consideran que la menor inversión en educación es un tema crítico en Costa Rica, que de no atenderse como se debe podría generar graves efectos en el corto plazo.
A finales del 2023 el ministro Acosta dijo que la gente le preguntaba: “¿Cuándo vamos a empezar a invertir en Educación, en Seguridad Social, en ayudarle a los grupos más vulnerables?”.
“Bueno, el momento está cerca”, le respondía él a la población en aquel momento.
Ahora, el ministro dice que uno de sus principales objetivos es mantener el comportamiento de las cifras fiscales como los últimos meses de tal forma que para el 2025 la relación deuda/PIB esté por debajo del 60%.
De ser así, la próxima administración podría gastar ¢80.000 millones adicionales para la inversión social que tanto le piden los sectores y otros temas vitales para el país como mejoras en infraestructura.
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