Josué Alvarado
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dice que uno de los objetivos de su cartera es contribuir con el bienestar social. Sin embargo, la inversión en este campo depende del avance del segundo objetivo: la consolidación de las finanzas públicas.
Por eso, al cierre del 2023, el jerarca espera que siga disminuyendo la presión que generan los intereses sobre las finanzas del Gobierno. Solo así podría aumentar el gasto social.
“Las demandas de la gente es: ¿Cuándo vamos a empezar a invertir en educación, en seguridad social, en ayudarle a los grupos más vulnerables? Bueno, el momento está cerca“, señaló el jerarca durante una conferencia de prensa este jueves 14 de diciembre.
Frente a los medios de comunicación el ministro dio a conocer datos positivos de la economía costarricense. Entre ellos una relación deuda – Producto Interno Bruto (PIB) de 59,8% para octubre del 2023.
También un balance primario de 1,7% y un balance financiero del -2,4% para el mismo mes.
Además, recordó que FitchRatings y Moody’s mejoraron la calificación de riesgo de Costa Rica en una ocasión durante este 2023. Mientras tanto Standard & Poors (S&P) lo hizo dos veces: en febrero y octubre.
“Si nosotros seguimos por esta senda vamos a asegurar recursos sanos, para decirlo de alguna manera, para financiar estos objetivos”, añadió Acosta.
Inversión social disminuye en Costa Rica
Este jueves el Ministerio de Hacienda informó que el gasto social presupuestado para el año 2024 será ¢16.864 millones por encima de lo presupuestado en el 2022.
De lo que se destinaría en el 2024 para gasto social el 54% correspondería a educación y el 34% a protección social. Sin embargo, estos son montos presupuestados, más no ejecutados.
El más reciente Informe del Programa Estado de la Nación (PEN) concluye que para el año 2022 Costa Rica destinó el 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación. Es el porcentaje más bajo al menos desde el año 2017 e incumple el mandato constitucional, que señala que deberá ser mínimo un 8%.
Si bien es cierto durante los últimos años el país no ha destinado el porcentaje obligatorio a educación, para el año 2022 se registró el monto más bajo.
“El país atraviesa la peor crisis educativa en muchos años, en parte debido a los recortes presupuestarios”, dice el PEN.
Como otro ejemplo, la cantidad de becas de estudio Avancemos disminuyó en un 26,6% si se comparan los registros del primer semestre el 2022 con los del 2023.
Este recorte de cupos, al cual el Gobierno prefiere llamar “ajuste”, afectó todas las regiones del país y a personas de todas las edades.
Una de las justificaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para estas cifras es que el recorte no ha afectado a personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Aseguran que eran fondos que estaban llegando a personas que no los necesitaban.
Este año también se ajustó a la baja la cantidad de beneficiarios de la Red de Cuido, según los mismos reportes del instituto.
La presidenta del IMAS, Yorleni León, había explicado que por ahora no podrán crecer las coberturas de estos programas dirigidos a las poblaciones con menos recursos.
“Desde el 2021 los presupuestos de los servicios sociales y comunales han sufrido severos recortes lo cual afecta a los grupos más vulnerables del país”, dice el informe del PEN para el 2023.
El documento explica que mientras baja el presupuesto para educación, salud, vivienda y cultura aumenta el de la categoría llamada “transacciones no asociadas a funciones”, que corresponde en su mayoría al pago de intereses de la deuda pública.
“Sopesar el contrato social que hemos suscrito a lo largo de años”, recomienda el ministro
El jerarca no solo espera una mejora en las finanzas para subir el gasto social, también considera que es importante revalorar cuánto porcentaje se le dedica a este fin.
“Le pongo un ejemplo”, comentó el ministro. Si usted me pregunta a mi cuál es la principal preocupación que tengo hoy son pensiones ¿Por qué son pensiones? Porque una parte importante de nuestra población no está afiliado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y eso va a tener consecuencias para efectos de futuro”, señaló.
“Pero tenemos un 8% para educación y resulta que cada vez vamos a tener menos niños”, cuestionó el jerarca sobre el mandato constitucional.
El ministro dijo que a lo largo de los años el país creó una expectativa en los campos de salud y de educación que hoy no está pudiendo pagar, debido a que un porcentaje significativo del presupuesto se dedica a amortizar la deuda y pagar intereses.
Según Acosta hay que discutir “cómo podemos sopesar ese contrato social que hemos suscrito a lo largo de los años”. Además, dice que el país no puede volver a endeudarse para “puro gasto corriente”, pues esto genera los males que hoy el Gobierno pretende resolver mediante un recorte al gasto social.
