Tomás Gómez
Como presidenta, Laura Chinchilla develó en mayo del 2012 las irregularidades que se habían detectado en la construcción de una trocha paralela al Río San Juan, en medio de la emergencia por la invasión de Nicaragua.
El hecho provocó la caída de ministros, un escándalo político y otros problemas que la exmandataria denunció en sus redes sociales, a las vísperas de que comience el juicio por este causa, casi 11 años después de su estallido.
Según narró, a ella le comunicaron mediante una llamada telefónica que funcionarios del MOPT y varias empresas idearon un esquema para sacar dinero de manera fraudulenta de la obra; aprovechando los menores controles que se aplican en las contrataciones de emergencia.
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A partir de eso procedió a ventilar la situación.
“Mi actitud no tenía precedentes: un mandatario dando a conocer un acto de corrupción que le fuera notificado telefónicamente”, anotó.
Eso sí, fue enfática en el costo político que ello implicó, en medio del status quo del país.
“A partir de ahí, implicados en el esquema de corrupción y periodistas sin balance informativo, se dedicaron a desviar la atención y atacarme despiadadamente”, lamentó la exmandataria.
“El costo personal y político que yo y mi gobierno pagamos, fue altísimo, y el mensaje que dejaron sembrado fue clarísimo: si se entera de algo irregular, mejor no denuncie; los mandos medios y los empresarios son intocables”, sumó.
Finalmente, Chinchilla expuso que de manera reiterada le consultan si volvería a hacer la denuncia, lo que ella ratifica.
“Mi respuesta es simple: hice lo correcto. De repetirse la historia volvería a denunciar porque sencillamente no tendría otra escogencia; mis actos siempre se han regido por mi conciencia y por un puñado de valores y principios inamovibles”, sentenció.
Justicación de la Trocha
En su mensaje por redes sociales, la expresidenta Chinchilla justificó el escenario en que estaba el país al momento de construir las obras en la Frontera Norte.
“Fue una respuesta de emergencia ante la invasión que Costa Rica sufrió en Isla Calero en octubre del 2010 por parte de fuerzas de seguridad de Nicaragua y con instrucciones de Daniel Ortega”, sentenció.
Al mismo tiempo, recalcó, que el ejército sandinista complicó la navegación por el Río San Juan.
Por la geografía de la zona, fue necesario habilitar caminos para que las comunidades no quedaran aisladas.
“La construcción de un camino rústico o trocha de lastre, que denominamos Ruta 1856, era la única solución para reconectar comunidades y para que nuestra policía patrullara la frontera con Nicaragua y mantuviera la atención sobre el territorio invadido”, defendió Chinchilla.
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Para cerrar, la exmandataria indicó que espera que se juzgue a quienes cometieron las aparentes irregularidades.
“Hoy al igual que hace 11 años cuando gobernaba el país, pido justicia y sanción para quienes traicionaron a nuestra patria, Costa Rica; en tiempos en que su soberanía era mancillada por el dictador del norte”, cerró su mensaje.
13 imputados y jueces a la espera
Aunque hubo más de medio centenar de investigados en el caso de La Trocha, fueron 13 los que escalaron a juicio.
Se trata de personas de apellidos:
- Acosta Monge
- Serrano Alvarado
- Ramírez Marín
- Mesén Vargas
- Agüero Gamboa
- Mora Barrantes
- Castillo Villalobos
- Baralis Crosetti
- Herra Alfaro
- Soto Campos
- Méndez Méndez
- Alvarado Víquez
- Morera Fernández
En dicha lista hay funcionarios de la época, proveedores de la construcción y las esposas de dos de los investigados por el supuesto aprovechamiento de los recursos.
La lista general de los delitos investigados abarca figuras como: influencia contra Hacienda Pública, peculado y penalidad del corruptor. También cohecho propio, enriquecimiento ilícito y penalidad del corruptor.
Aunque el juicio arrancaría este lunes, se debió frenar mientras se resuelve un pedido contra los jueces.
Esto debido a que el defensor público Mauricio Paniagua (que funge como abogado de dos imputados) había representado a los jueces Franz Paniagua y Alfredo Arias en un proceso anterior, por lo que se está revisando si hay un roce con la normativa sobre los conflictos de interés.
Para ello se fijó un nuevo señalamiento para el martes por la tarde donde se definirá el rumbo que tomará el proceso.
