Hermes Solano
La Cruz Roja Costarricense se fundó en 1885 y, desde 1989, es una institución Benemérita de la Patria; sin embargo, no existe una ley que le garantice seguridad jurídica.
Hace poco menos de un año, representantes de la organización se reunieron con varios diputados con la intención de que se presentara un proyecto de ley que les permita tener esas garantías.
Así nació el expediente 23.500 Ley de la Cruz Roja Costarricense, que se dictaminó de manera unánime por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.
Con esto, la iniciativa está lista para verse en el Plenario. Este miércoles la Asamblea arranca con un nuevo período de sesiones extraordinarias; para que se vea en la agenda, debe ser convocado por el Poder Ejecutivo.
“Hace 329 días que los recibimos a ellos aquí, si bien son los que están acostumbrados a auxiliarnos, este cuerpo benemérito toca nuestra puerta para solicitar la ayuda”, contó la legisladora verdiblanca Kattia Rivera, firmante del proyecto junto a 10 diputados más.
La legisladora explicó un poco los alcances de esta ley.
“Permite la determinación clara de las funciones de la Cruz Roja, así como sus obligaciones, indicando su rol como parte del Estado”, dijo en primera instancia.
Además, “garantiza el funcionamiento de la Cruz Roja en todo momento”, más allá de aspectos políticos o sociales.
La liberacionista Kattia Rivera fue proponente del proyecto de la Cruz Roja (Cortesía Asamblea Legislativa)
Voluntariado
En el texto se deja en claro las funciones de un voluntario de la Cruz Roja y también se establecen todas las garantías para esa persona.
También, “exhorta a los patronos públicos y privados para permitir la participación de sus empleados como voluntarios en emergencias nacionales”, mencionó la diputada.
Uno de los aspectos relevantes de la ley es que incluye una reforma al Código Penal y adiciona un artículo, el 316 bis, que sanciona con cárcel a quien amenace al personal de la Cruz Roja.
Esto dice el artículo:
“Artículo 316 bis- Amenaza a personal de Cruz Roja Costarricense
Será reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenazará a personal de Cruz Roja Costarricense a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”.
“Esta Ley no busca generar ingresos nuevos, ni tampoco algún impuesto, sino que tiene la finalidad de reconocer jurídicamente el rol auxiliar de la Cruz Roja Costarricense a los poderes públicos en el ámbito humanitario”, señaló la institución.
