Tomás Gómez
Aunque el presidente Rodrigo Chaves dijo en una entrevista internacional que se hará “lo posible para no tener que llegar al estado de excepción”, la figura legal está contemplada en la Constitución Política.
Se trata de un mecanismo limitado para casos muy selectos y que, de paso, da una lista cerrada de cuáles derechos podrían limitarse si llegara a regir.
El artículo 121 enlista apenas 8 áreas donde podría darse la intervención, las cuales son:
- Libertad de tránsito: en condiciones normales se tiene derecho a circular por donde se desee
- Inviolabilidad del domicilio: tradicionalmente las intervenciones necesitan orden de un juez, lo cual no sería necesario
- Secreto de las comunicaciones: se podrían ampliar los escenarios donde las autoridades pueden intervenir las comunicaciones privadas de una persona
- Libertad de reunión: ley permite todo tipo de actividades para temas lícitos, lo cual podría limitarse
- Autonomía de la voluntad: se podría limitar la garantía de nadie puede ser perseguido por sus opiniones o por actos que infrinjan la ley.
- Libertad de Expresión: existe la garantía de poder publicar las opiniones sin censura previa.
- Acceso a información pública: podrían imponerse limitaciones al acceso a datos amparados por ser asuntos públicos.
- Garantías de detención: en casos normales, nadie puede ser detenido sin indicio de haber cometido delito y se requiere la orden judicial, salvo que sea un caso de flagrancia.
La suspensión es de un máximo de 30 días, que deben ser renovados cada vez que se vencen.
Constitución es exigente para un estado de excepción
Dado que un estado de excepción golpearía garantías individuales consagradas por la propia Constitución, el texto regula claramente cómo se da su aplicación.
Se trata, en todo caso, de una potestad de la Asamblea Legislativa, y para ello se necesitan dos terceras partes de las diputaciones; es decir, 38 votos.
La norma exige que el país esté en una “evidente necesidad pública”.
Además, la suspensión puede hacerse de todos los derechos o parte de estos y aplicarse en todo el territorio o en partes específicas.
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Para quienes resulten detenidos como parte de esas medidas, no se pueden usar las cárceles comunes. Estas deben dirigirse a espacios donde no estén los detenidos por otros delitos o estar confinados en lugares habitados.
Otra particularidad es que si el Gobierno dicta el Estado de Excepción cuando la Asamblea Legislativa está en receso, esta debe reunirse de inmediato. De hecho, hay un plazo de 48 horas para que los diputados voten la suspensión y si no se logra la mayoría calificada, las garantías vuelven a aplicarse plenamente.
De manera adicional, el Gobierno queda obligado a dar información detallada sobre las medidas que se van tomando para “salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado”.
Chaves habló de seguridad
A pocos días de cumplir un año en el cargo, el presidente Rodrigo Chaves brindó una entrevista a la Agencia AFP.
La seguridad fue uno de los temas abordados y al respecto el mandatario insistió en señalar al narcotráfico como un detonante.
Habló sobre la Operación “Costa Rica Segura” y sobre medidas en que, según él, también deben intervenir otras instituciones. “Tenemos que cambiar las leyes y el Poder Judicial va a tener también que tomar cartas en el asunto”, aseveró.
Ante ello, fue directo en que se descartan medidas como las detenciones masivas que aplica el gobierno de El Salvador.
“Haremos lo posible para no tener que llegar al estado de excepción”, cerró.
