La ministra de Anna Katharina Müller, afirmó, este lunes, ante la Comisión legislativa de la Provincia de Heredia, que el Ministerio de Educación Pública (MEP) está en la búsqueda de un terreno para construir un nuevo Conservatorio Castella.
Esto ante la sorpresiva venta del Teatro Arnoldo Herrera, por parte de la Fundación Castella, así como los fallos judiciales que le otorgan un carácter público al centro educativo y el terreno del teatro.
La jerarca aseguró que cuentan con un concurso adelantado, con un presupuesto de ¢16.000 millones para la adquisión y con potenciales candidatos para la adquisición de un nuevo terreno.
Aseguró que dentro de las conversaciones realizadas, alrededor de 84 propietarios estarían dispuestos a ceder el terreno de la institución.
En la audiencia, Muller hizo referencia a una alianza público-privada que le ofreció el actual presidente de la Fundación Castella, Gustavo Rojas, para un mejoramiento de la institución.
“Para una alianza público-privada, debe haber algo público y algo privado y no hay nada privado. No lo aceptamos”, manifestó Müller.
La jerarca asegura que el MEP ha dispuesto de recursos económicos para programas de estudio, alimentación y atención de necesidades de la población estudiantil del Castella, por lo que, a su criterio, sí se destinan fondos públicos en el modelo de la institución.
“Al MEP le quedan dos opciones: solicitar al dueño la donación del terreno (…) o adquirir un nuevo terreno”, dijo la jerarca del MEP.
Actualmente, el Liceo Conservatorio Castella es público, debido a la injerencia del MEP en servicios y pago de planilla, pero al igual que el Teatro Arnoldo Herrera, se ubica sobre terrenos de propiedad privada.
Acciones legales
El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la posición del MEP de no interponer acciones legales para salvaguardar “posibles” beneficios de la transacción con el edificio.
La jerarca del MEP aclaró que “no está buscando donde meterse”. Sí reafirmó que están en la búsqueda de un terreno para el teatro.
“No se han sacado los estudiantes a la calle y no se nos ha notificado de que los estudiantes no puedan usar el teatro”, respondió Muller.
Muller no especificó la aplicación de acciones legales sobre el caso, sin embargo, aseguró que han “realizado esfuerzos y un plan b”, ante la negativa de la Fundación de retractarse de la venta.
La ministra del MEP, Ana Müller, aseguró que se encuentra en la etapa de búsqueda de un nuevo terreno para la institución. (Cortesía Asamblea Legislativa).
La ministra alegó que una sentencia previa les limita a una expropiación sobre el terreno, por lo que optará por la adquisición de un nuevo espacio para construir. Esta medida legal también les limita, según palabras de Muller, cualquier intervención sobre el terreno.
“Vamos a revisar si una expropiación es posible en dos meses y así ver como proceder”, respondió Muller ante la petitoria del diputado socialcristiano, Horacio Alvarado.
“Contamos con varias posibilidades de terreno, entre ellos una con características muy buenas, por lo que estamos realizando los avalúos correspondientes”, dijo la directora de Infraestructura del MEP, Lourdes Suárez.
La ministra Müller sí enfatizó que se inició un proceso de destitución de la representante del Ejecutivo en la Junta Directiva de la Fundación Castella, Gabriela Enchós, a razón de que le correspondía, a su criterio, advertir al Gobierno sobre la eventual venta del inmueble.
La funcionaria presentó una recusación ante el Ministerio de Justicia y Paz para continuar en el cargo, aspecto que refuta la ministra Müller.
Carácter público
Müller aseguró que la venta no procedió ante un freno del Registro Nacional, por una declaratoria del inmueble como bien público.
Esto a raíz de una advertencia registral, presentada por el diputado Ariel Robles, ante el Registro Nacional, el pasado 4 de marzo, para señalar ante esta instancia las transacciones de la Fundación Castella, sobre el terreno del teatro, con un difuso carácter público e inyectado con fondos del MEP.
Robles, resaltó que el juez que dictaminó el recurso para frenar la venta, atribuyó el carácter público de la propiedad, por lo que percibe como válida la figura de una expropiación.
“Al estar financiado con recursos públicos debe estar a nombre del Estado”, enfatizó Muller sobre la finca en la que se ubica el teatro.
“Es evidente que el MEP debe inspeccionar el uso de esos fondos públicos para que no venga un señor y venda el teatro a través de una Fundación”, aseveró el diputado Acuña.
Desde el Ministerio de Educación aseguraron que llevarán a investigación los fines comerciales de la Fundación Castella, con la utilización del logo y escudo de la institución, que de acuerdo a la cartera, va en contra de la ley.
Funciones del teatro
En la misma audiencia ante los diputados de Heredia, el presidente de la Fundación Castella, Gustavo Rojas, justificó la venta del Teatro Arnoldo Herrera por una supuesta caducación de sus funciones.
“El inmueble dejó de cumplir las funciones a las cuales se le asignó”, señaló Rojas ante los diputados.
El diputado frenteamplista, Jonathan Acuña, recalcó el estatuto orgánico de la Fundación, para mantener los recursos heredados del inmueble por parte del donante, Carlos Millet de Castella, en lo que no se contempla la venta.
“Deben mantenerse los estatutos”, dijo Rojas.
Acuña aseguró que Rojas procedió con la venta del teatro, aún cuando esta operación contrariara los “objetivos mismos de la institución”.
“Ustedes han actuado en contra de los estatutos que dicta la institución. Queda absolutamente claro que usted procedió de una forma y el estatuto dice otra cosa”, enfatizó Acuña.
El presidente de la Fundación afirma que la realidad del teatro no cuenta con las condiciones necesarias para rendir las necesidades de la población del Castella.
“Estamos listos para poner a funcionar una Aula Magna en una propiedad de Barreral de Heredia”, afirmó Rojas.
“En 23 años llevamos haciendo esfuerzos para que el Estado haga algo por los muchachos de la institución. Para es una solución, sobre la actitud inoperante del Estado”, agregó.
El diputado Acuña cuestionó que la acción de la Fundación va en contra de los valores identitarios del Conservatorio Castella.
El diputado Ariel Robles resaltó que los fondos con los que se construyó el teatro data de 1963 de un Fondo de Inversión Nacional.
Ante esto, Rojas alegó desconocer los fondos utilizados para el teatro.
“Eso son fondos públicos. ¿Le parece bien hacer negocios con fondos públicos?”, cuestionó Robles.
Intervención del MEP
Rojas insistió en que solicitaron en múltiples ocasiones una audiencia para indicar al MEP la situación del centro educativo y las posibles mejoras a través de una alianza.
“Tardamos tres meses para que la señora ministra de Educación nos atendiera. La única vez que nos recibió en su despacho, le pudimos compartir una alianza público-privada, que le permita a la Fundación volver al modelo que tuvo por 50 años”, explicó Rojas.
“No es verdad que fuera un colegio administrado por el MEP. Fue un decreto del año 2001 que permitió una injerencia del ministerio”, amplió.
Rojas catalogó como “indolente” el accionar del Estado y del MEP sobre las necesidades y la realidad estructural y financiera de la institución.
Atribuyó a que el MEP deterioró las condiciones del Conservatorio Castella y del Teatro Arnoldo Herrera.
“A mi apreciación su interés es hacer negocio”, dijo la diputada liberacionista Kattia Rivera ante el proceder de Rojas en vista del malestar estudiantil ante la venta.
“La venta es un hecho, está presentada al Registro Nacional”, reafirmó el presidente de la Fundación Castella.
Rojas señaló que no existe interés en recuperar el inmueble reclamado por la comunidad estudiantil del Castella, es decir, retractarse en la venta, actualmente frenada por una medida del Registro Nacional.
Venta sorpresiva
Fue el pasado 2 de marzo que trascendió la venta del inmueble realizada por la Fundación Castella, un ente privado encabezado por el abogado, actor y ex alumno del Castella, Gustavo Rojas.
De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional, la transacción tuvo lugar el pasado 28 de febrero y la Fundación la inscribió el viernes 1 de marzo.
En un comunicado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que la Fundación Conservatorio de Castella, de carácter privado, les informó de la venta del teatro el jueves 29 de febrero, sin que mediara algún trámite formal.
Esta venta reunió a un grupo de padres de familia y alumnos que realizaron manifestaciones, el pasado 4 de marzo, en las inmediaciones de La Sabana, ante lo que catalogan como la “pérdida de un sitio para el arte y la cultura del país”.
Proyecto de ley
Como forma de denuncia y para efectos de señalar los hechos acontecidos alrededor de la venta del teatro, la fracción del Frente Amplio tomará decisiones de orden jurídico, así como la generación de espacios legislativos.
La fracción frenteamplista, en conjunto con la diputada oficialista, Ada Acuña, presentó el pasado 4 de marzo el proyecto de ley 24.200, con el fin frenar la venta del inmueble, insistiendo que se trata de un lugar que funciona con fondos públicos.
“Dentro del ámbito legislativo estamos a las puertas de presentar un proyecto de ley para vetar con un uso público al teatro. Esto porque el teatro desde sus orígenes fue ciertamente una donación, parte del teatro fue una donación por parte de la persona fundadora”, manifestó el diputado Ariel Robles.
“Todo el crecimiento que ha tenido el teatro a partir del Conservatorio Castella fue a partir de un servicio público con fondos públicos. Todo lo que se ha adquirido en el teatro ha sido a partir de fondos públicos y de eso hay registros”, agregó.
También buscan indagar si hubo algún proceso ilegal alrededor de la venta.
“Ante la crisis de inseguridad no es posible que estemos pensando en vender un teatro. No es posible y no se debe callar esto”, enfatizó el diputado Robles.
La diputada Acuña adelantó que el Ministerio de Educación Pública está planteando una investigación al respecto.
“A mí me quedan muchas dudas: de donde provienen esos fondos, bajo qué fideicomiso. Le solicito a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República que investiguen al respecto”, insistió Acuña.
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