Tomás Gómez
El Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella se vendió con una serie de advertencias, incluyendo que, según la fundación dueña del terreno, “el inmueble está siendo ocupado en precario por el Estado Costarricense”.
“La compradora acepta conocer este hecho desde vieja data y consciente en aceptar la compra venta sin la entrega formal del inmueble y sin poder acceder por el momento”, dice la copia de la escritura de la venta, a la que El Observador tuvo acceso.
Ahí se aduce que la medida se sustenta en el decreto 29.324-MEP, que se suscribió en febrero del 2001 para oficializar el carácter público del Castella y que, según el documento, por ello “no puede hacer la tradición correspondiente como correspondería”.
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En el documento notarial quedó claro que el nuevo propietario -identificado como la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-897301- decidirá si deja que el centro educativo siga en el sitio o emprende acciones para desalojarlo.
Si se tomara la segunda opción, la fundación adquirió el compromiso de ayudar en el proceso.
“La vendedora deberá colaborar con la compradora en todos los trámites y procesos que sean necesarios y que estén a su alcance para lograr el desalojo de la finca con el fin de que la compradora pueda usarla libremente”, sigue el documento de fe pública.
Compra a ciegas y derecho a usar lo que quede
La transacción de venta del terreno, localizado en Sabana Norte, deja claro también que la fundación no ha podido acceder al sitio en dos décadas.
Eso sí, se alerta sobre las malas condiciones en las que está la edificación, al punto de que se dividen los escenarios en dos vías.
Por un lado, se pactó el traslado de algunas obras de arte y, por otro, se definió que al demolerse el edificio, la fundación tiene el derecho a tomar algunos materiales para la construcción de una nueva infraestructura.
$3,5 millones para arreglar colegio o replicar el Castella
En el documento consta la venta del teatro por $3,5 millones mediante una hipoteca.
Los recursos tendrían como meta inicial construir un nuevo centro teatral en el terreno actual del Conservatorio, en Ulloa de Heredia, así como hacer mejoras en el lugar.
Eso sí, todo dependería de si la fundación logra la administración del terreno, que, según lo plasmado en el escrito, el decreto citado arriba implicó que fuera “confiscada ilegalmente por el Gobierno del Presidente Miguel Ángel Rodríguez”.
Para alcanzar esa meta, ponen como plazo 18 meses y de no darse, la propuesta es generar una nueva institución de corte artístico.
Otros detalles del terreno
A lo largo del documento de 15 páginas se ventilan otras incidencias de la venta en cuestión.
Por ejemplo, se anota que la fundación autorizó la venta el 24 de febrero. Para el día 27, la empresa privada acogió la decisión de adquirir el terreno.
A ello se suma la necesidad de corregir la ubicación registral, pues se indicaba que el lote estaba en el distrito de Pavas, cuando lo correcto es Mata Redonda.
También se reconoce que el lote podría tener alguna diferencia en sus dimensiones respecto al tamaño registral. En caso de remedirse, las partes no podrían hacerse cobros por la diferencia surgida.
Destaca además que el comprador obtuvo vía libre para desarrollar el negocio de su preferencia, sin restricciones como parte de la negociación. A eso se une que el espacio está al día con todos los impuestos y tasas.
Lo que dicen las partes sobre el Castella
Con los detalles conocidos, se consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP). La ministra Anna Katharina Müller rechazó varios de los extremos, aduciendo que el terreno tenía un uso específico.
“El Castella tiene muchísimos años de estar funcionando. Ese terreno se donó específicamente para uso del Castella”, indicó.
“Ambos terrenos han estado dando el servicio público y eso es tal vez lo que más preocupa. Cómo evitar la afectación a los estudiantes, es lo que estamos trabajando ahorita”, sumó.
Respecto al planteamiento de un nuevo colegio artístico, Müller planteó que no es viable. Al contrario, sostuvo que había recursos para mejoras, pero que no se han podido ejecutar debido a los diferendos entre los actores públicos y privados.
“No vamos a tener dos Castellas. La fundación puede construir lo que ellos deseen, es una fundación privada y no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Educación Pública”, aseveró.
“Lo único que hicimos fue hablar con ellos para ver si están dispuestos a donar el terreno. Hay varios terrenos donde han estado funcionando escuelas y el terreno es propiedad privada, y los privados lo que hacen es ceder el terreno al MEP para que podamos invertir en ese terreno”, continuó la jerarca.
“Ellos no solo quieren el terreno sino que también quieren administrar el centro educativo; pero una fundación privada no puede encargarse de la administración, para eso existe la junta correspondiente”, concluyó la titular del MEP.
El ministerio conoció sobre la venta el jueves de la semana pasada y el sábado anunciaron una investigación para estudiar los alcances.
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