Tomás Gómez
Esta semana, un grupo de diputados corrió para presentar un proyecto de ley en respuesta a la venta del terreno donde se ubica el teatro del Conservatorio Castella, en La Sabana.
A criterio de expertos consultados por El Observador, los legisladores proponentes omitieron algunos detalles clave para llevar adelante una iniciativa de este tipo.
La propuesta se llama “Ley para afectar al uso público la finca en la que se encuentra el Teatro Arnoldo Herrera”. En su presentación intervinieron diversas fracciones, desde el Frente Amplio hasta el oficialismo.
La iniciativa, de apenas cuatro artículos, impondría limitaciones para disponer del terreno y hasta obligaría al nuevo dueño a pagar remodelaciones. El texto se encabeza así:
Artículo 1-. Se afecta al uso público de “teatro con significación cultural” una finca propiedad del Centro Educativo Conservatorio Castella (…)
Artículo 2-. Se cambia la naturaleza “terreno de solar con teatro” del bien inmueble descrito en el artículo 1 por una nueva naturaleza de “terreno de solar con teatro de significación cultural”. El propietario deberá conservar, restaurar, rehabilitar y mantener la infraestructura de dicho inmueble.
PROYECTO 24.200
El proyecto se presentó en poco tiempo y en medio de la preocupación de los padres de familia, egresados y actuales estudiantes por el futuro del teatro y los efectos que tendría la venta del inmueble en el centro educativo.
Desde el fin de semana pasado, cuando trascendió la venta, iniciaron las protestas en contra de la decisión de la Fundación del Conservatorio Castella, ente privado que se adjudica ser dueña de los terrenos.
El borrador del proyecto deja abierta la posibilidad a que ministerios, como Educación o Cultura, puedan pasar recursos para el teatro; pero no se indica que sea una obligación ni se detallan montos.
De esta manera, la ley terminaría imponiendo limitaciones y gastos solo al ente privado que adquirió el lote, ubicado en Sabana Norte.
Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella en La Sabana. (Sergio Arce / El Observador)
¿Se trata de una expropiación?, ¿se estaría violando la libertad de empresa?, ¿se pensó en recursos específico?, ¿es constitucional?.
Esas son parte de las interrogantes abiertas en medio del diferendo cuando se conoció que la Fundación Castella había logrado cerrar el negocio.
La idea vrs. la Constitución
Para comprender el entramado legal de una propuesta como la que plantearon los diputados, hay que partir de las disposiciones de la Constitución Política. Esto dice la Carta Magna:
ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…)
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
La “indemnización previa” es uno de los elementos que más llama la atención en el debate, por el vacío que tiene el proyecto al respecto.
A ello se suman los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por las implicaciones que tendría el cambio de condiciones en el terreno.
Las dudas se incrementan por las disposiciones constitucionales que establecen que una ley no puede afectar los derechos ya adquiridos. Para el caso en cuestión, cabe destacar que la propuesta se hizo cuando ya se había concretado la transacción de la venta.
ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
En ese marco de legalidad, pero también contemplando los derechos de las personas privadas, se suma que el terreno fue vendido sin restricciones para su uso, como consta en la escritura. Es decir, el comprador lo adquirió sin condiciones.
Indemnización sería clave
Parte del embrollo referente al Conservatorio de Castella tiene su génesis en las diferencias que mantienen la fundación y la junta administradora.
La primera -de naturaleza privada- es la que tenía la titularidad legal del terreno. Por tanto, procedió a negociar con un tercero, igualmente particular.
Por su parte, la junta ha sido la encargada de administrar el centro educativo y defiende el carácter público del colegio artístico por medio del Ministerio de Educación.
Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella en La Sabana. (Sergio Arce / El Observador)
Para los analistas, en caso de buscar la participación directa del Estado sobre los terrenos, mediante, eventualmente, el Ministerio de Educación Pública, entra la figura de una expropiación, que debe ir acompañada por el debido trámite.
“Antes de que el Estado tome posesión de una propiedad que cuenta con un decreto de expropiación, debe pagarle al dueño de la propiedad el monto que corresponda por esa propiedad”, explica el abogado y exdiputado, Otto Guevara.
“El monto es a precio de mercado y para eso hay incluso un procedimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si el dueño de la propiedad no está de acuerdo con el monto que le están depositando, puede hacer una gestión judicial para que se nombren peritos”, sumó.
Ahí destacó que con la transacción ya conocida en escritura pública, es posible verificar el valor de mercado del lote. Según el documento, la venta fue tasada en $3,5 millones.
Diputados se abren a enmienda
El diputado del Frente Amplio Ariel Robles, que aparece como principal promotor de la iniciativa de ley, reconoció, ante consulta de El Observador, que la prioridad es la declaratoria de interés público.
“Aquí lo importante es para nosotros, y nuestros efectos, frenar cualquier tipo de demolición del lugar”, indicó.
Sobre la omisión en el proyecto del aspecto económico que señala Guevara y otros analistas, Robles adujo que podría ajustarse vía moción.
“Hemos valorado como una de las opciones ciertamente que se haga ejercicio de las leyes que están establecidas para que el Estado pueda, una vez declarado el interés público, gestionar de las formas que corresponden, a partir de la legislación existente, para que tenga que indemnizar o lo que corresponda a quienes asuman como propietarios de los bienes”, dijo.
Año y medio, o un nuevo Castella
Según consta en el acta de compraventa a la que este medio tuvo acceso, la Fundación Castella autorizó la transacción el 24 de febrero. Para el día 27, la empresa privada acogió la decisión de adquirir el terreno.
El 28 de febrero se firmó el acta y ya en marzo se avanzó a los trámites de formalización. El proceso están en la fase de ajustes, pues el Registro Nacional notificó algunos elementos a subsanar en el escrito.
El documento sí establece el rumbo que tomaría el centro educativo de énfasis artístico.
Sede del Conservatorio Castella en Ulloa, Heredia. (Sergio Arce / El Observador)
OBSERVE MÁS: MEP abre investigación tras venta del teatro del Conservatorio Castella por parte de fundación
Según la fundación, se espera recibir la potestad de construir un nuevo teatro en la sede académica del Conservatorio, ubicado en Ulloa de Heredia.
Esas instalaciones tienen una orden sanitaria desde hace varios años, por lo que también se invertiría en mejoras para las aulas donde lo alumnos reciben sus lecciones académicas, de arte y música.
De no concretarse esa idea en 18 meses, la fundación estaría gestando un nuevo colegio, igualmente enfocado en la formación cultural.
Posiciones
En declaraciones a este medio, el presidente de la Fundación Castella, el actor y abogado, Gustavo Rojas, explicó que el dinero producto de la venta del teatro será administrado en un fideicomiso con el fin exclusivo de construir nuevas instalaciones para el colegio.
El representante del ente privado fue enfático al mencionar que espera un acercamiento con el MEP para generar la alianza que permita las mejoras en los terrenos de la fundación, pero con la administración del centro educativo por el Estado como sucede actualmente.
El MEP asume los costos del Conservatorio Castella para poco más de 1.000 estudiantes, con el pago de docentes y gastos como alimentación y transporte.
Por su parte, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aduce que los terrenos del Castella tenían un uso específico.
“El Castella tiene muchísimos años de estar funcionando. Ese terreno se donó específicamente para uso del Castella”, indicó, ante consulta de El Observador.
Respecto al planteamiento de un nuevo colegio artístico, Müller planteó que no es viable. Al contrario, sostuvo que había recursos para mejoras, pero que no se han podido ejecutar debido a los diferendos entre los actores públicos y privados.
“No vamos a tener dos Castellas. La fundación puede construir lo que ellos deseen, es una fundación privada y no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Educación Pública”, aseveró.
“Lo único que hicimos fue hablar con ellos para ver si están dispuestos a donar el terreno. Hay varios terrenos donde han estado funcionando escuelas y el terreno es propiedad privada, y los privados lo que hacen es ceder el terreno al MEP para que podamos invertir en ese terreno”, continuó la jerarca.
“Ellos no solo quieren el terreno sino que también quieren administrar el centro educativo; pero una fundación privada no puede encargarse de la administración, para eso existe la junta correspondiente”, concluyó la titular del MEP.
Un grupo de padres de familia, organizadores de las manifestaciones en los últimos días, cuestiona la venta del teatro y la ausencia de la fundación por 20 años. Este bloque defiende el principio público del Castella.
