AFP
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, ilegalizó el jueves a 25 ONG, varias de ellas críticas del gobierno de Daniel Ortega.
Entre ellas está una organización humanitaria que realiza cirugías gratuitas a niños con el paladar hendido.
Según informó el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, el cierre de las oenegés fue aprobado con el voto de 74 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional. Allí el Frente Sandinista de Liberación Nacional es mayoría.
De acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de Gobernación, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afectadas con la medida “no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo”.
Para el gobierno, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar a Ortega.
El mandatario es un exguerrillero en el poder desde 2007 y reelecto para un cuarto mandato consecutivo el año pasado, en unos cuestionados comicios.
Tampoco “promovieron una política de transparencia en la ejecución de los fondos”, argumentó el ministerio, que supervisa a estas entidades.
Las ONG proscritas
Entre las ONG que perdieron su personalidad jurídica están centros que defendían los derechos humanos. También la libertad de prensa, el cuidado del ambiente y los derechos de las mujeres.
Algunas de ellas ya estaban inactivas, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), creada en 1997 para promover la libertad de prensa, y que cerró en febrero de 2021.
La FVBCH llevaba el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y era dirigida por la hija de la exmandataria, la opositora exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro.
Ella se encuentra bajo arresto domiciliario y recientemente fue declarada culpable de lavado de activos durante su gestión en esa entidad.
Chamorro rechaza los cargos y asegura que el objetivo del gobierno era sacarla de la contienda porque su candidatura amenazaba la permanencia de Ortega.
Ella es una de los más de 40 opositores detenidos el año pasado antes de las elecciones de noviembre,
También fueron cerrados el Centro Humboldt, que denunció varios casos de contaminación ambiental y deforestación. Igualmente la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), que aglutinaba a periodistas críticos del gobierno; y hasta la humanitaria Operación Sonrisa.
Indefensión
El diputado del partido indígena Yatama (madre tierra, en lengua miskita) Broklyn Rivera, se declaró “sorprendido” por la cancelación de la personería jurídica a estas entidades de la sociedad civil.
El legislador estimó que “deja en indefensión” a sectores vulnerables de la población que era beneficiaria de sus servicios.
Johana Aguilar, madre de una niña operada de paladar hendido y labio leporino a través del programa Operación Sonrisa, declaró su incertidumbre para continuar con el tratamiento de su hija.
“Nosotros no tenemos dinero para comprar los aparatos que ellos nos dan gratuitamente, ni para pagar a un dentista”, dijo Aguilar a la AFP.
Con el cierre de esta ONG “muchos padres vamos a tener que buscar otros medios. Porque tenemos que darle seguimiento a la terapia y atención a los niños” atendidos por Operación Sonrisa, dijo Angélica Lezama otra madre con un hijo operado.
Cobro de cuentas
“En el fondo hay señales claras que están pasando la factura a esos organismos. Esto porque en algún momento criticaron la dirección del gobierno y apoyaron el levantamiento popular del 2018”, dijo el legislador Rivera.
El legislador mencionó el caso del Centro Humboldt, que por años trabajó con comunidades indígenas del departamento de Jinotega (norte).
Allá trabajó en temas de medioambiente y defensa de sus recursos naturales, con posición crítica a la acción gubernamental en esos territorios.
Cerca de 140 oenegés e instituciones quedaron ilegalizadas hasta le fecha desde 2018. En aquel entonces estallaron protestas antigubernamentales. La represión dejó al menos 355 muertos, según grupos humanitarios.
Entre las prohibiciones se destacan la de cerca de una veintena de universidades privadas, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), que fue símbolo de las protestas estudiantiles antigubernamentales del 2018.
