Paulo Villalobos
La afectación económica por fraudes con llamadas electrónicas sobrepasará ¢5.568 millones en el 2019.
De concretarse esa estimación brindada este viernes por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, el perjuicio por la denominada “ingeniería social” crecería ¢2.000 millones respecto al 2018.
La cifra dada por el jefe de la Policía Judicial se basa en las cifras reportadas en informes de años previos, así como en la cantidad de denuncias registradas.
De hecho, al 31 de julio de 2019, se registraron unas 1.511 denuncias en la Sección de Fraudes de la Policía Judicial en San José.
Esa cantidad supera las que se recibieron en todo el 2017 (1.146) y 2018 (1.474), en la misma oficina.
Es por lo anterior que Espinoza pidió a la población colgar ante cualquier llamada en la que se hagan solicitudes de datos sensibles o personales. “Sea maleducado y cuelgue”, resaltó el jefe del Organismo.
“Punto concéntrico”
La cabeza de la Policía Judicial señaló que la mayoría de los fraudes relacionados a “ingeniería social” -como denomina a las técnicas para acceder a sistemas de información- suceden en los centros penales.
Allí, los timadores desarrollan guiones para hacerse pasar como funcionarios de entidades públicas y privadas, con el que pretenden mantener al usuario lo más que se pueda en la línea.
Por esa vía realizan consultas y solicitudes de datos que acaban por ser fundamentales para los estafadores. Esto porque, en ocasiones, el más mínimo detalle acaba por serles útil en el acceso a un sistema o cuenta.
El perfil de la víctima es variado, aunque se concentra principalmente en las personas de clase media.
Asimismo, el director del Organismo señaló que se investigan dos vertientes en cuanto a la forma en la que acceden a las bases de datos de los entres.
Uno es que los funcionarios de estos últimos facilitan las informaciones y otra en la que los mismos delincuentes alcanzan a hackear los sistemas.
Mensaje al Congreso
Espinoza reclamó la necesidad de actualizar los procedimientos para la obtención de prueba relacionada a transacciones bancarias. Esto porque en algunas ocasiones, pasan meses en los que se dilucida la evidencia.
De acuerdo con el director policial, la posibilidad de nuevas herramientas para el Organismo ya se trasladó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Pese a lo anterior, el jefe de la Policía Judicial evitó urgir a los diputados.
Algunas de las posibilidades para modificar el trámite de levantamiento del secreto bancario, son una reforma al Código Procesal Penal, o bien, a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.
Paulo Villalobos
