El polémico “Acuerdo de Escazú” entró a regir este jueves con el respaldo de 12 países, entre los cuales no está Costa Rica.
La situación llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emitió un mensaje a través de sus redes sociales.
“Instamos a Costa Rica a unirse al Acuerdo de Escazú. Un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región”, indicó la ONU.
En el país, dicho Acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Este miércoles diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República criticaron el convenio internacional que es defendido por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entre tanto, representantes de los sectores productivos del país explicaron que, tal y como está, el Acuerdo de Escazú tiene 5 amenazas legales y económicas para el país.
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Mediante la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la ONU oficializó la entrada en vigencia del protocolo.Esto por cuanto 12 de los 24 países firmantes ya lo ratificaron.
La lista abarca a: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Escazú alarma a empleadores y choca con diputados
El tono optimista de la ONU choca con los señalamientos hechos por los sectores productivos locales.
A mediados de semana tanto Uccaep como la Cámara de Industriales alertaron sobre los efectos del Acuerdo de Escazú en la reactivación económica.
Según el análisis de los expertos se trata de un proyecto inconsitucional, al que señalan como problemáticas:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisioens públicas.
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Desde la Asamblea Legislativa, que tendrá la última palabra, varias bancadas adelantaron su posición contraria.
Se trata del PUSC y Nueva República, quienes fustigan varios portillos que trae el texto. Liberación Nacional, por su parte, no ha adelantado posición de bancada.
Aunque el Acuerdo de Escazú se votó en primer debate, el año pasado la Sala Constitucional anuló el proceso y lo reininició por problemas con el trámite. El Poder Judicial además había sido crítico con el documento pues no hay certeza de los recursos para las nuevas tareas que este le asignaría (Archivo)