Tomás Gómez
En el 2018, dos personas se acercaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para pedir un plebiscito para revocar el mandato presidencial. En medio de la actual crisis del Poder Ejecutivo, por el caso de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD), otras voces han pedido lo mismo.
La medida no es aplicable por la sencilla razón de que Costa Rica no cuenta con esa figura legal.
Aunque ya hay proyectos para su incorporación, el proceso para oficializarlo es largo y de llegar a aprobarse no aplicaría para la administración Alvarado Quesada (2018-22).
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TSE sin margen de acción
Cuando al TSE se le reclama por no dar trámite a las revocatorias de mandato, el ente recuerda que la medida no está en sus manos. Aunque le correspondería organizarlo al ente rector en material electoral, necesita un aval que aún no llega.
“La Sala Constitucional ha dicho que esta es una materia de reserva de Constitución, o sea que si se pretendiera incorporar el instituto para la Presidencia de la República o los diputados a la Asamblea Legislativa tiene que estar en el propio texto constitucional esa norma”, explicó el vocero de la institución, Andrei Cambronero.
Hasta el momento, la posibilidad de revocar mandatos existe solo para las alcaldías. Así se destituyó al alcalde de Pérez Zeledón en el 2011; y se intentó hacer en Paraíso en el 2018, sin éxito por la falta de participación. Pero no se contempla para el resto de cargos públicos.
Cambronero agregó que lo correcto es decir plebiscito y no referéndum revocatorio, pues esta última figura se refiere a normas, y la primera a la consulta por la permanencia de funcionarios en sus puestos.
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El plan estancado
Mientras la ley sigue teniendo vacíos para las revocatorias de mandato, un grupo de ciudadanos clama por la aprobación de un proyecto de ley presentado dos años atrás para legislar al respecto.
El exdiputado José Miguel Corrales, uno de los integrantes del foro, insiste en que es necesario habilitar la posibilidad de que, con los argumentos del caso, los ciudadanos puedan quitar a un gobernante de la misma manera en que lo pusieron.
“No hay partidos políticos, los partidos políticos viejos están decrépitos. La solución que era el PAC salió peor el remedio que la enfermedad y para agravar más la situación no hay líderes”, planteó el excandidato a la Presidencia.
La iniciativa plantearía que tras dos años de gestión se podría solicitar la votación de la revocatoria, en un proceso a cargo del TSE.
“No es cerrar los ojos o porque no me dio un puesto yo veo cómo lo quito. Es algo serio. Es una razón de fortalecer la democracia y la paz. Es un instrumento de lucha total contra la corrupción”, defendió Corrales.
Ruta empedrada
Hasta ahora, el retiro de credenciales a los mandatarios y vicepresidentes depende básicamente de la renuncia de sus titulares, situación que variaría si avanza la propuesta de ley.
El proyecto incluye una reforma a la Carta Magna, lo que demandaría su discusión en dos diferentes legislaturas y votaciones de mayoría calificada. Los requisitos en el Congreso atrasarían aún más su entrada en vigencia y la dejarían aplicable para un próximo gobierno.
