Krissia Morris Gray
Desde los Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (Ebais) arrancarán los pasos de la implementación del recién aprobado protocolo de atención en la CCSS de la interrupción terapéutica del embarazo.
Así lo explicó Angélica Vargas, coordinadora del programa de normalización de atención a la mujer, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien sostuvo que el protocolo se hizo para operativizar la norma que se aprobó en diciembre del 2019.
Comentó que el protocolo aprobado, lo que hace es estandarizar los pasos que debe seguir tanto el cuerpo médico o el personal de salud, ante la petición que pueda hacer una paciente en términos de que considera que requiere de una valoración para la interrupción terapéutica de su embarazo.
O en su defecto, que el médico tratante considere que el embarazo pone en riesgo la vida de la paciente.
“El protocolo inicia, prácticamente, desde el ebais, estandarizando los pasos a seguir para que la paciente que requiera de esta atención reciba la atención de la forma más expedita posible y, si realmente, estamos ante un caso de peligro de la vida no se pierda el tiempo que puede ser vital para hacer la valoración”, explicó Vargas.
Detalló que el protocolo lo que hace es definir una estandarización integral de la valoración de la condición de la mujer.
Agregó que, no será hasta enero que se procederá a un proceso de socialización del protocolo y a la capacitación en cada una de las unidades de salud de la CCSS, para tener definidos los pasos a seguir.
¿Qué hace el protocolo?
De acuerdo con lo manifestado por Vargas, lo que hace el protocolo es definir cuál es el procedimiento a seguir en para la aplicación.
“Ya sea que la mujer en que la mujer identifique que ella pueda tener un embarazo de riesgo o un médico, entonces se establece una primera referencia a un centro de salud que reúna la condiciones para dar esta atención”, señaló.
Acto seguido, dicha referencia llega a la dirección médica del establecimiento y este, junto al departamento de ginecología se encarga de nombrar un grupo de profesionales conformado por dos gineco-obstetras y un médico especialista de acuerdo con la patología que genera el riesgo de la paciente.
Apuntó que el grupo de profesionales asignados al caso de valoración contarán con tres días para hacer un análisis detallado del caso y emitir un diagnóstico de acuerdo con la valoración que hacen.
Detalló que, en caso necesario, el grupo puede solicitar una ampliación del plazo o de la inclusión de otro especialista, en caso de que el caso así lo requiera.
“Una vez que el grupo de especialistas hace la valoración, comunicará la decisión a la paciente. La valoración podría definir, efectivamente, que hay un riesgo para la vida y que la recomendación sea la interrupción terapéutica del embarazo o la comisión podría decir que no se justifica la interrupción del embarazo porque hay medidas alternativas de tratamiento para la enfermedad de base de paciente y que el embarazo puede continuar”, refirió.
Información clara y precisa
Reiteró que la ley establece que solo se interrumpe el embarazo cuando no exista un tratamiento que le permita al paciente no poner en peligro su vida.
“Se hace la comunicación oficial a la paciente y es ella la que define, finalmente, si lo hace o no lo hace. Para eso hay que darle una información clara precisa y con toda la evidencia científica y ella, si está de acuerdo, procederá a la firma del consentimiento informado que y está e estandarizado por el área e bioética de la institución y se procede con lo correspondiente a su edad gestacional”, acotó.
En caso de comprobarse que el embarazo pone en riesgo la vida de paciente, pero ella quiere seguir con la gestación, ella puede no firmar en consentimiento informado y seguir con el embarazo.
Pero si, al contrario, la valoración descarta un riesgo a la vida de paciente, esta podrá solicitar una segunda opinión, con lo cual se deberá integrar otro grupo de profesionales para ver su caso.
Krissia Morris Gray
