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Procuraduría: Proyecto de Ley de Empleo Público podría tener “roces de constitucionalidad”

La Procuraduría General de la República (PGR) considera que el proyecto de ley de Empleo Público podría tener roces de…

Por Paula Ruiz

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Procuraduría: Proyecto de Ley de  Empleo Público podría tener “roces de constitucionalidad”
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La Procuraduría General de la República (PGR) considera que el proyecto de ley de Empleo Público podría tener roces de constitucionalidad.

El criterio de la PGR fue enviado ayer viernes a la Asamblea Legislativa.

El nuevo criterio es con respecto al texto que fue acoplado por diputados de la Comisión de Consultas de Constitucional. En el foro, se integraron las observaciones realizadas por la Sala Constitucional.

El documento también fue aprobado en el Plenario hace dos semanas con el respaldo de 32 diputaciones.

OBSERVE MÁS: 32 diputados aprueban nuevo texto para ley de Empleo Público con significativas modificaciones

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”, señala el documento.

“Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República”, amplía el documento firmado por Luis Guillermo Bonilla, Procurador Adjunto.

Lo expuesto por la PGR no es vinculante para la Asamblea Legislativa.

Observaciones

Algunas observaciones realizadas por el abogado del Estado tienen que ver con que al igual que el texto original, establece postulados y normas generales.

“A modo de situaciones transversales priorizadas por la propuesta legislativa, tienden a la simplificación y coherencia de diferentes subsistemas de empleo existentes, denominados como “familias de puestos””, dijo.

También expone que con las modificaciones se establecen dos regímenes de empleo público en dos categorías según expone a continuación:

  • Quienes ejercen competencias exclusivas y excluyentes de los órganos constitucionales y los entes con fines constitucionalmente asignados, y que por ende, participan de la gestión pública relativa a los fines constitucionalmente asignados a los citados entes, así como el personal administrativo de apoyo, profesional o técnico asociado en actividades administrativas necesarias para el ejercicio de esas competencias. Que conservarán sus regulaciones especiales preexistentes y que se dicten internamente.
  • Quienes presten los servicios administrativos básicos o auxiliares que no inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes, ni funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas. Que se someterán por entero a las reformas del régimen general estatutario propuesto

Requisito para desembolso

Para optar por un segundo desembolso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se requiere que el plan de Empleo Público esté aprobado en primer debate.

Lo anterior, según indicó el presidente Carlos Alvarado el miércoles anterior.

“Un panorama positivo es aprobando empleo público, casas de lujo y exoneraciones, pero con salario escolar, porque lo vaciaron”, declaró

La segunda entrega del crédito sería por aproximadamente $293 millones de un préstamo total por $1.778 millones.

Tras un criterio emitido por la Corte Suprema de Justicia, esta iniciativa requiere de mínimo 38 votos para su aprobación final.

El texto que analizó la PGR fue el acoplado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con base en lo expuesto por los magistrados. El documento también fue acogido por el Plenario hace dos semanas. Cortesía