Paula Ruiz
Un proyecto de ley que nació por lo sucedido con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) avanza en el Congreso después de su respectivo análisis.
Se trata del expediente 22.063 presentado en la anterior legislatura por la exdiputada Silvia Hernández y que pretende reformar el artículo 24 de la Constitución Política.
“El proyecto de reforma de artículo 24 busca ampliar el ámbito de protección a la ciudadanía que ya no solo se proteja la intimidad. También que se mueva hacia un concepto mucho más amplio de vida privada que eso nos protegería aún más.
“Este incluye la protección de datos, porque a como está en la Constitución en este momento, no queda tan claro que la protección de datos se derive del derecho a la intimidad”, explicó Andrea Álvarez, diputada liberacionista.
“Y, especialmente por las nuevas tecnologías y como va avanzando el mundo, sí consideramos necesario que esa protección de datos quede especificada en la Constitución”, detalló.
El proyecto fue dictaminado de manera positiva en el foro legislativo creado específicamente para estudiar el texto.
Observaciones al proyecto
El dictamen incluye un texto sustitutivo donde se realizan modificaciones a la propuesta original.
De esta manera, la iniciativa quedaría con un texto sugerido de la siguiente manera:
“Artículo 24. Se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Estos derechos solo podrán limitarse mediante ley especial.”.
El articulado original destaca también que vía Ley de la República se pueden adoptar limitaciones a esos derechos para casos específicos como seguridad nacional, protección de la salud pública y libertades de terceros.
Durante el análisis del proyecto, hubo algunas observaciones por parte de legisladores y abogados, estos últimos, llamados a audiencia en la Comisión.
Una de las objeciones tiene que ver con esa “relativización en el cumplimiento de los derechos”, según especificó Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio.
“Son derechos fundamentales y se puede comprender que hay casos especialísimos tal como lo dispone ya el propio artículo 24 en investigaciones judiciales, etcétera, que se pueda obtener información de ese tipo.
“Pero se está incluyendo en la última versión que me presentaron, una posibilidad de relativizar esa información por vía de ley, ahí vamos a tener una diferencia”, aseguró.
Álvarez señaló que aunque el texto original especificaba casos donde se limitaba el derecho, existía una preocupación sobre quién recaería esa interpretación.
“Y que más bien se use esa excusa para limitar el derecho”, destacó la verdiblanca.
Una de las voces críticas del proyecto es el abogado constitucionalista Fernando Zamora quien consideró que la iniciativa “rompe el límite que resguarda constitucionalmente el derecho a la libertad de comunicarse, a la vida privada, y a la privacidad de los datos y las comunicaciones”.
“Y simplemente establece que, por la vía ordinaria de la ley, se pueda adoptar cualquier limitación a esos cuatro derechos humanos”, afirmó.
A su criterio, se estaría ante una grave amenaza contra las libertades ciudadanas.
La iniciativa había sido presentada por la exdiputada Silvia Hernández. Ella lideró la Comisión de UPAD y, a raíz de esto, surgió el proyecto. Cortesía: Asamblea Legislativa.
El otro plan
De manera simultánea, en 2021 se presentó tanto el proyecto de Hernández como el del exlegislador Enrique Sánchez.
La motivación del pacsista, más allá de la UPAD, se centró en lo sucedido con Cambridge Analytica.
De acuerdo con medios de prensa en EE.UU., Cambridge Analytica -firma contratada por Donald Trump en el 2016- trató de influir en los votantes de ese país mediante el uso de información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.
La iniciativa del PAC busca limitar las excepciones a la autodeterminación informativa, catalogadas por Sánchez como “excesivas, amplias y riesgosas para la ciudadanía”.
“Los cambios vertiginosos en las tecnologías de análisis, recopilación y procesamiento de datos, la era del Big Data, han hecho que muchas legislaciones, incluida la costarricense, hayan sido superadas por esta nueva realidad”, manifestó Sánchez en ese momento.
Ambas propuestas tienen un trámite distinto, ya que el pacsista sigue el ordinario y el de Hernández es más extenso por tratarse de una reforma constitucional.
El proyecto de Sánchez ya pasó el filtro del dictamen en la Comisión de Asuntos Económicos y su proceso de mociones.
No obstante, al no haber una representación de este partido político, la iniciativa quedaría “huérfana”. En todo caso, la fecha límite para tomar una decisión sobre esta iniciativa vence hasta el 28 de enero de 2025.
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