Paula Ruiz
Dos proyectos de ley pretenden garantizar la protección de datos personales en Costa Rica. Las iniciativas son impulsadas por la liberacionista Silvia Hernández y el oficialista Enrique Sánchez.
El primer plan busca que este derecho esté garantizado a través de la Constitución Política. La liberacionista impulsa esta iniciativa que surgió por lo sucedido con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“En la cuarta revolución en donde cada vez se posiciona más la utilización de datos para construcción de políticas públicas. Es vital pero el hilo es muy delgado entre los datos sensibles”, aseguró Hernández.
Agrega al artículo 24 de la Constitución Política lo siguiente:
Artículo 24- Se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales, a la libertad y al secreto de las comunicaciones
La liberacionista señaló que con esto se busca el consentimiento explícito o una ley que faculte la utilización de los datos personales sensibles.
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“Y no como se ha evidenciado de que los datos se transfieren hasta sin el mínimo cuidado de acuerdos de confidencialidad”, sentenció.
Su iniciativa está varada en el Congreso porque el Poder Ejecutivo no realiza la convocatoria para permitir su avance.
Además, al ser una reforma constitucional, tiene un trámite más extenso en la Asamblea Legislativa.
La opción oficialista
Por su parte, desde la acera rojiamarilla se presentó recientemente el proyecto de ley tras reflexiones por lo sucedido con Cambridge Analytica.
De acuerdo con medios de prensa en EE.UU., Cambridge Analytica -firma contratada por Donald Trump en el 2016- trató de influir en los votantes de ese país mediante el uso de información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.
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La iniciativa de PAC busca limitar las excepciones a la autodeterminación informativa, catalogadas por Sánchez como “excesivas, amplias y riesgosas para la ciudadanía”.
“Los cambios vertiginosos en las tecnologías de análisis, recopilación y procesamiento de datos, la era del Big Data, han hecho que muchas legislaciones, incluida la costarricense, hayan sido superadas por esta nueva realidad”, manifestó.
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“Por eso, necesitamos una norma que ofrezca a cada persona herramientas institucionales para que defienda sus derechos, para la protección y control de su información personal”, aseguró Sánchez.
Con respecto de garantías y derechos para la ciudadanía, el pacsista aseguró que hay dos partes donde se determinan y fortalecen los principios y derechos de las personas:
- El catálogo de principios para el tratamiento de los datos
- El catálogo de derechos asiste a las personas ante el tratamiento de sus datos
En el artículo 13 del plan, se indica que la persona titular de los datos tiene derecho a ser informada sobre la recopilación y procesamiento de sus datos personales.
Según Sánchez, esto se garantizará porque el mismo consentimiento informado estipula cuáles datos se autorizan para ser recopilados, cómo y para qué.
“Esto ya se hace en cualquier servicio de redes sociales que use datos y es completamente viable para cualquier empresa, mediante un documento que normalmente es un machote”, aseguró.
Este proyecto espera aún por la definición de la Comisión Legislativa que lo estudiará y no se encuentra convocado.
Comparativo de proyectos de ley. Elaboración: Alonso Solano.
Complementarios
Ana Karen Cortés fungió como directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
A su criterio, las dos iniciativas vienen a reforzar este campo y la legislación actual que se aprobó desde el 2011.
La reforma constitucional de Hernández podría entonces, armonizarse con la reforma integral de Sánchez, según la experta.
Cortés formó parte de las personas consultadas por el propio Sánchez para su proyecto de ley.
“Ya han pasado 10 años desde que se aprobó la ley y su discusión inició en 2003, en 17 años ya tenemos redes sociales distintas y criptomonedas, inteligencia artificial donde el tratamiento de datos es distinto y la ley se quedó en el 2011”, recalcó la exjerarca.
“El proyecto (de Sánchez) es tajante con la autodeterminación informativa”, resaltó.
En este proyecto también se pretende sacar a la Prodhab del Poder Ejecutivo y pasar a ser un órgano adscrito al Poder Legislativo con independencia presupuestaria y de criterio.
Para Cortés esto es positivo porque precisamente permite a la institución ser más independientes.
Ambas iniciativas esperan por su discusión en el Congreso.
