Paula Ruiz
Desde agosto de 2022, el Gobierno informó que presentaría un plan para la implementación de renta global en el sistema costarricense.
“Vamos a simplificar el régimen tributario e impulsaremos un proyecto de renta global para que las personas y empresas paguen el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ganancias, en lugar de hacerlo por separado, como pasa actualmente”, dijo el Presidente Rodrigo Chaves durante la presentación de informe de labores de 100 días de su gestión.
No obstante, el plan está varado porque Chaves no ha leído la propuesta, según expuso Nogui Acosta, ministro de Hacienda esta semana.
El objetivo del Gobierno es socializar el borrador con los sectores antes de presentar el proyecto de ley en la corriente legislativa. Pero, primero que todo, debe ser visto por el mandatario.
“No lo hemos socializado con nadie, estamos a la espera de que el presidente lo pudiese ver, a partir de ahora lo estaríamos conversado con diferentes actores, tanto empresariales como quienes van a verse afectados”, dijo.
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Acosta especificó que Chaves “no lo ha visto, por eso lo hemos detenido”.
En noviembre, el ministro afirmó que el plan se presentaría en diciembre 2022 o enero 2023, meta que no se concretó en el periodo indicado.
El presidente de la República prometió que no se buscará cobrar más impuestos “sino de que no haya evasión y se reduzca la elusión fiscal”.
De esta manera, se planea que la persona tribute conforme a las diferentes rentas que tiene lo que corresponde.
Esta iniciativa forma parte de la ruta fiscal del Gobierno.
Uno nuevo
Este sería un nuevo texto pero, durante el Gobierno de Carlos Alvarado se presentó un plan en esta línea que solo sumó voces en contra.
Fue en 2021 cuando la administración planteó el texto como parte de las iniciativas ligadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El plan fue altamente criticado por exdiputados de oposición porque pretendía gravar los salarios iguales o mayores a ¢702.000 y luego de fuertes posiciones, el Gobierno accedió a pasar la base a ¢863.000.
Con este plan, el Poder Ejecutivo pretendía la captación de recursos frescos para hacerle frente a los compromisos adquiridos con el FMI.
Sin embargo, esta iniciativa parece haber nacido muerta porque exdiputados de oposición criticaron que el Gobierno nunca tuvo acercamientos para aprobar este y los otros proyectos de ley contemplados en el acuerdo con el Fondo.
El análisis de este expediente quedó a cargo de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se archivó tanto por la oposición de legisladores actuales sumado al pedido de Acosta en desecharlo.
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