Redacción El Observador
Presidente Rodrigo Chaves en gira por Parrita. (Foto cortesía Casa Presidencial)
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, volvió a insistir en que el rubro salarial de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está bajo la regla fiscal y que por eso el incremento acordado en agosto anterior por su junta directiva no se puede pagar.
“La Caja, en la parte salarial está bajo la regla fiscal, por lo que no se debe, ni se puede pagar ese aumento. ¡La ley es clarísima!”, dijo el mandatario.
Agregó que la CCSS tiene 63.000 empleados y solo la parte retroactiva de ese aumento son 29.000 millones de colones, más 10.000 millones de colones el primer año.
“Eso compra más o menos la mitad del hospital de Puntarenas”, declaró el mandatario en la tarde de este miércoles durante la atención a prensa en la Escuela Oficial de Parrita.
Las declaraciones del Presidente de la República se dieron solo tres días después de que su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, remitiera una nota a la presidenta ejecutiva de la CCSS, María Eugenia Esquivel, refiriéndose al aumento salarial en la CCSS.
El ministro de Hacienda, Nogui Chaves (izq) junto al presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial tras el Consejo de Gobierno. (Foto Archivo El Observador).
¿Contradicción?
En dicha nota, el jerarca de Hacienda reitera que el presupuesto de la CCSS no está sujeto a la regla fiscal.
Explica que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) únicamente afecta a esta institución en las regulaciones establecidas en el Título III, relacionado a incentivos salariales como exclusividad y prohibición.
Sin embargo, le aclara que no se le pueden aplicar las restricciones del Título IV, relacionado a los controles para limitar el crecimiento del gasto.
Acosta citó un informe del año 2019, firmado por la entonces ministra de Hacienda Rocío Aguilar, en el que se deja claro que el título IV de la Ley 9635 sobre la aplicación de la regla fiscal no interfiere en la administración de la CCSS.
“Se determinó que toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”, dice la respuesta del ministro de Hacienda hacia Esquivel.
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¿Por qué en el INS sí?
Consultado sobre por qué si autorizó el incremento salarial en el Instituto Nacional de Seguros (INS) y no en la CCSS siendo ambas instituciones autónomas, Chaves dijo: son dos instituciones muy diferentes.
“El aumento del INS se dio en una institución que está fuera de la regla fiscal, que está en competencia, que es tremendamente rentable y que costo 600 millones de colones por año”.
Agregó que el INS tiene la competencia legal de hacer el aumento, “que en proporción, es una gota de agua en una plancha hirviendo”.
“La otra son montos enormes en una institución que no tiene el follaje y el músculo financiero para estar haciendo eso”, acotó el Mandatario.
El 23 de agosto anterior, la junta directiva del INS acordó hacer un incremento salarial del 2,7% para sus 2.470 trabajadores y retroactivo a enero del 2022.
Mientras, el 8 de setiembre anterior la Junta Directiva de la CCSS acordó aprobar la aplicación de un aumento general de salarios para los trabajadores de la institución que corresponde al 2020.
Se trata de un incremento de ¢7.500 al salario a la base mensual de todos los puestos de la institución y un ajuste adicional según los rangos establecidos en el Decreto N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019, indicaron en su momento.
Esta determinación provocó un tsunami en la institución y en el Gobierno, que provocó la destitución de Álvaro Ramos de su cargo como presidente ejecutivo.
Además, generó la reacción de Casa Presidencial así como de sindicatos y directivos de la CCSS que denunciaron una intromisión del Poder Ejecutivo en la entidad autónoma.
Al día de hoy, aunque se ha insistido que el aumento salarial es una decisión en firme de la directiva el incremento no se ha ejecutado.
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