Krissia Morris Gray
Los magistrados de la Sala IV declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada contra un decreto del Ministerio de Ambiente y Energía que permite la intervención en el humedal ubicado en el sector denominado La Culebra.
El decreto ejecutivo 39.838-Minae permite, de forma excepcional y condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos, la intervención controlada de ecosistemas de humedal para la realización de obras de infraestructura pública. En este caso, se trata de la llamada carretera a San Carlos.
Los magistrados de la Sala IV no se manifestaron sobre la continuidad o no de la construcción de esta ruta, sino que dejaron esa decisón en manos de la administración.
La carretera se construye entre las comunidades de Sifón, en San Ramón y La Abundancia, en Ciudad Quesada.
“A partir de la reiteración de las líneas jurisprudenciales sobre la especial protección que requieren los humedales –debido a la gran cantidad de servicios ecosistémicos que brindan– y de los postulados del desarrollo sostenible, la Sala Constitucional, por mayoría, resolvió que dicho decreto es constitucional siempre y cuando se interprete que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo n.°39838-MINAE solamente permite la intervención controlada, por parte del Estado y demás entes públicos con competencia en infraestructura pública estatal”, señala la autoridad constitucional.
En este sentido, los magistrados detallaron que el decreto es constitucional, siempre y cuando los ecosistemas:
- a) No han sido declarados parte del Patrimonio Natural del Estado
- b) No están incluidos en áreas silvestres protegidas
- c) No han sido incluidos en la Lista Ramsar.
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No les compete
Asimismo, deberá entenderse que esa intervención se podrá hacer sólo si se lleva a cabo el estudio técnico que así lo autorice y que determine que tal intervención de esos humedales no provoca el deterioro y la eliminación de esos ecosistemas.
El 15 de julio anterior, la Sala Constitucional realizó una audiencia pública virtual, en la cual, Allan Astorga, uno de los recurrentes, defendió la inconstitucionalidad del decreto por la afectación en el humedal en el sector La Culebra.
Por su parte, la representación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otros, instaron a los magistrados a que permitan la construcción de la obra en dicho sector, pero la edificación tiene varios años de parálisis, situación que tiene molestos a los sancarleños que tienen años de reclamar la carretera.
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Denuncia Penal
La auditoría del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal para que se investiguen supuestos actos irregulares cometidos durante la construcción de la nueva carretera a San Carlos.
La denuncia se presentó el pasado 3 de agosto.
La vía, que consiste en un tramo de 29 kilómetros, va desde Sifón en San Ramón, a La Abundancia en Ciudad Quesada.
La denuncia se presentó como resultado de una investigación que ordenaron el año pasado Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y Mario Rodríguez, en ese entonces director ejecutivo del Conavi.
Desde agosto del 2018 se realiza un auditoraje sobre los trabajos realizados y pagos efectuados durante los 13 años en que estuvo activo este contrato. Esta auditoría contó con participación de funcionarios del Conavi y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Las obras están paralizadas desde ese año tras el rompimiento del contrato con la empresa Sánchez Carvajal, que estaba a cargo de su construcción.
Krissia Morris Gray
