Diversas voces del sector empresarial advierten sobre serias consecuencias por el proyecto de ley 22.369.
La iniciativa forma parte del grupo de proyectos necesarios para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de la iniciativa para eliminar la exoneración al salario escolar y modificar el tributo de remesas al exterior, en un promedio de 5%.
Además, subiría la tarifa única del impuesto sobre rentas y ganancias de capital de 15% a 16,5% por dos años, entre otros cambios.
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El sector cooperativo advirtió que la iniciativa no es regresiva porque también impacta a pequeños ahorrantes.
¿Qué dicen?
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, envió consultas a entidades que podrían verse implicadas con este proyecto de ley.
A continuación algunas de las observaciones realizadas por instituciones que respondieron a la solicitud del foro legislativo.
- Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP): El proyecto encarece el reaseguro porque significa un aumento de precios. Advierte que habría pérdida de competitividad porque el proyecto impondría un impuesto “desproporcionalmente (91%) y que parte de una tarifa actual ya considerada alta de por sí”.
- Federación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo: Señala que es un fuerte golpe a la economía familiar de pequeños ahorrantes que ya aportó con la Reforma Fiscal. Los nuevos impuestos “desfavorecerán la reactivación económica, el emprendedurismo y el ahorro familiar, lo que repercute en menor consumo, menor pago de deudas, y menor acceso a servicios de salud y educación”, señaló Adrián Rodríguez, gerente.
La Federación considera que los tributos no son regresivos como indica el Gobierno porque también impacta a pequeños ahorrantes. - Asociación Bancaria Costarricense (ABC): Los incrementos de impuestos encarecerían el fondeo que los bancos obtienen en el exterior, aumentando también el costo del crédito y limitando la disponibilidad de recursos.
“En momentos en que el país necesita reactivar la economía y las familias y empresas requieren crédito resulta un error encarecer las líneas de crédito externas”, manifestó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la asociación. - Cámara Costarricense de Construcción: Advierte encarecimiento de bienes y servicios sujetos debido al aumento de tarifa de impuesto sobre remesas al exterior.
“La empresa extranjera subirá los costos con el fin de sopesar la retención del impuesto, costos que finalmente serán trasladados al consumidor final. Este cambio a todas luces se constituye como desincentivo para empresas extranjeras brindar servicios en Costa Rica por el alto valor de la tarifa propuesta”, recalcó Esteban Acon, de la Cámara. - Cámara de Intermediarios de Seguros: Considera que incrementar el tributo vinculado al reaseguro, generará fuga importante de primas “toda vez que las empresas Transnacionales con presencia en su país dejarán de tener pólizas suscritas o fronteadas localmente y pasarán a que dicha cobertura se las brinde el Programa Global de Seguros de la empresa desde su casa Matriz”, destaca el criterio.
- Banco Nacional: Bernal Alfaro, gerente del banco, indicó que con base en las cargas impositivas que se pretenden, hay un impacto de 11% del monto de utilidades del período 2020. “Esta situación es realmente nociva en aras de buscar la recuperación de la economía, por cuanto el incremento del gasto financiero de esa magnitud podría conllevar que se eleven las tasas activas”, señaló. También tendría como consecuencia el encarecimiento del costo de los créditos y de los servicios que ofrece el Conglomerado.
- Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores: Damaris Ulate, directora ejecutiva, recomendó que si se pretende aumentar la tasa a 16,5% en rentas de capital, debe de haber un transitorio para inversionistas que adquirieron títulos valores “de buena fe bajo otras condiciones.
- Asociación Costarricense de Entidades Corredoras y Corredores de Seguros: Califican como incremento desmedido el relacionado con éste ámbito.
“El proyecto busca incrementar esa tasa al 10.5%, es decir, un aumento de más del 91% por ciento. Este aumento no sólo es desproporcionado, sino que es completamente contrario a la práctica ordinaria en la OCDE. El promedio de la región para este tipo de impuesto es 4.1%”, manifestó el presidente Timothy Garrett. - Instituto Nacional de Seguros: Pide a la Comisión valorar la proporcionalidad del incremento para reaseguros que es de 91%. Róger Arias, presidente ejecutivo, recomendó acompañar este tributo de un mecanismo para prevenir los efectos de la doble imposición.
- Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México: Alerta sobre el desincentivo para la inversión extranjera con este proyecto.
“La eventual aprobación del Proyecto legislativo en cuestión, pone en riesgo la
continuidad en los negocios, su crecimiento y permanente expansión (de empresas de capital mexicano)”, informó la Cámara. - Cámara oficial española de comercio e industria en Costa Rica: También señala la reforma como contraproducente por los esfuerzos de inversión extranjera en el país. Advierte que tendrá un impacto directo en el costo de operaciones de sector comercio y la industria.
“Cabe destacar el impacto negativo directo del Proyecto sobre la industria de los seguros costarricense, no sólo de las empresas aseguradoras, sino de sus clientes, proveedores, socios comerciales, resiliencia de las empresas e incluso del Gobierno”, destacó. - Cámara Nacional de Radiodifusión: Se oponen rotundamente al catalogarlo como una “simple escalada de impuestos”. “Lejos de propiciar un escenario adecuado para la reactivación de nuestra economía, favoreciendo escenarios que promuevan la inversión y el emprendedurismo”, resaltó Andrés Quintana, jerarca.
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En análisis
El foro legislativo está encargado de analizar este proyecto de ley. Por el momento, esperan respuesta de todas las entidades a las que enviaron consultas.
Para la oficialista Carolina Hidalgo, se requieren todos esos criterios para un análisis integral de la propuesta.
“Por eso queremos tener todos los criterios para dar finalmente la discusión con la comisión de si debe modificar algo al proyecto o no”, agregó.
Por su parte, la restauracionista Mileyde Alvarado sí tiene claro que de los criterios recibidos, hay un descontento con la propuesta.
“Ya que no establece temporalidad sino de forma permanente (…) al incrementar tasas impositivas tendrá efecto multiplicador en esquemas de costo de muchas instituciones”, manifestó.
Alvarado destacó un posible desincentivo principalmente para el ahorro y una desventaja en cuanto a reaseguros con otros países.
“El tema de ajustes a rentas de capital tuvo absoluto rechazo en mesas multisectoriales por lo que me parece poco viable este camino”, continuó.
Se intentó obtener criterio de Franggi Nicolás, legisladora que preside la Comisión aunque no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
El Poder Ejecutivo tiene entre sus planes, que los diputados concluyan la conclusión de estos proyectos a más tardar a finales de mayo.