Hermes Solano
De manera unánime, con el voto de 45 diputados, se aprobó en segundo debate el expediente 23.973 “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad”.
Esto le garantiza los recursos del impuesto a las personas jurídicas al Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Justicia.
Lo que hace la propuesta es obligar al Ministerio de Hacienda a transferir esos recursos, que al parecer, y según lo dicho por los diputados, no lo estaba haciendo.
Este proyecto le dará el 75% de los recursos del impuesto al Ministerio de Seguridad “para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia”.
Además, le da el 15% al OIJ para la lucha contra el crimen organizado; y el 10% a Justicia para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.
“Lo necesitamos porque estamos frente a un Gobierno que no quiere priorizar la inversión en seguridad”, había dicho el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, cuestionando que desde Hacienda no han querido girar esos recursos y por eso se presentó la propuesta.
“Lo han incumplido, no han enviado los recursos y por eso es necesario este proyecto”.
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Con cambios
La iniciativa presentada por Horacio Alvarado y respaldada por toda la bancada del PUSC daba originalmente un 90% de los recursos a Seguridad, y un 5% tanto a Justicia, como al OIJ.
Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico le aprobó una moción en enero pasado para cambiar los porcentajes y de esa manera que la policía judicial recibiera más recursos.
Esto no le gustó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien alzó la voz al afirmar que le estaban quitando dinero que requerían para la lucha contra la delincuencia.
Más allá de eso, los diputados avanzaron y tras la aprobación en segundo debate ahora el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para su firma.
