Tomás Gómez
Los empleados públicos fueron uno de los primeros sectores a los que se les implementó la vacunación obligatoria y pasados casi dos meses del anuncio un grupo importante sigue sin cumplir el requisito.
Según el corte más reciente entregado por Casa Presidencial a El Observador, hay seis instituciones donde la situación abarca a más de un 10% de la planilla. Estas son:
- Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart): de 218 empleados, 92 están sin vacunar, esto es un 42,2%.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: de 344 empleados, 133 están sin vacunar, esto es un 38,6%.
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva): de 495 empleados, 108 están sin vacunar, esto es un 21,8%.
- Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): de 339 empleados, 52 están sin vacunar, esto es un 15,3%.
- Junta de Protección Social (JPS): de 416 empleados, 62 están sin vacunar, esto es un 14,9%.
- Procuraduría General de la República: de 330 empleados, 34 están sin vacunar, esto es un 10%.
Por otra parte destaca el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como el ente donde más personas tuvieron justificación para no vacunarse: un total de 21. Les sigue el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con 13 casos y el Ministerio de Cultura y el INS, con 11 cada uno.
También destaca que la División de Proyectos aún no reporta el estatus del 77,5% de sus empleados. Tampoco lo ha hecho Recope con 59,3% de su planilla, el Ministerio de Seguridad con 49,9% ni el IFAM con el 47%.
El Gobierno señaló también que los casos del Ministerio de Salud y la CCSS se llevan aparte, pues ellos tuvieron desde antes la vacunación obligatoria.
El Ministerio de Educación (MEP) tampoco figura en las estadísticas. Dado el tamaño de la institución, se debió crear un sistema aparte que controlará la inmunización antes de la entrada a clases.
Multa de ¢462.200 y denuncia para empleados públicos que no se vacunen
El decreto de vacunación obligatoria entró en vigor en octubre y daba un plazo de 5 a 10 días para ponerse al menos la primera dosis.
Según se dispuso, el Ministerio de la Presidencia llevaría el registro del avance de la norma en las instituciones. Para ello se pidió una primera entrega el 5 de noviembre y otra el 26.
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Aunque se solicitó reiteradamente la información no fue hasta la noche del 24 de diciembre que Casa Presidencial la compartió.
Según la norma, si tras el plazo de gracia y la campaña informativa un empleado público insiste en no vacunarse se impondrán sanciones que van de un salario mínimo (¢462.200) hasta la denuncia penal. Como única excepción se mantiene la contraindicación debidamente certificada por un médico.
Aunque el reporte de vacunación lo lleva el Ministerio de la Presidencia, cada institución será responsable de aplicar las sanciones (Tomás Gómez/El Observador)
