Juan Pablo Arias
Imponer un tope máximo a las tasas de interés, como la llamada ‘tasa de usura’, podría traer más problemas que beneficios para la sociedad costarricense , pues expulsaría del sistema financiero a las personas de menores ingresos o con una capacidad adquisitiva restringida.
La creación de este tope se tramita actualmente en -al menos- dos proyectos de ley propuestos por la fracción oficialista del PAC y cuenta con el apoyo del Gobierno, pues así lo anunció el pasado 2 de mayo, cuando el Presidente Carlos Alvarado rindió su informe anual.
La determinación de esta tasa pretende que todos los créditos paguen un interés igual o inferior a la tasa de usura: desde un préstamo bancario, hasta tarjetas de crédito o financiamientos a plazo.
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Así las cosas, cualquier operación con una tasa de interés superior se consideraría excesiva o abusiva.
Topes causan problemas
La imposición de un tope a las tasas de interés restringiría las posibilidades que tienen las entidades supervisadas para otorgar créditos, sin que esto solucione por sí mismo el sobreendeudamiento de las personas.
“La solución en una economía de mercado nunca debería ser fijar precios -la tasa de interés es un precio-. En algunas jurisdicciones se ha intentado, sin mucho éxito, ponerle tope a las tasas de interés. Si las tasas de interés son altas, hay que ver las razones estructurales y si existe verdadera competencia”, opinó el especialista en Competencia del BID, Mario Umaña.
En opinión del experto, cualquier mecanismo que fije un precio, o que imponga topes, genera un efecto de desabastecimiento que termina por encarecer los mismos bienes o servicios.
“Si el tope es a los intereses en un crédito, este provocaría menos disponibilidad de crédito. El consumidor, en general, siempre es el perjudicado por ausencia de competencia, pero el consumidor de menor poder adquisitivo es más perjudicado aún”, aseveró.
Un millón de personas sin crédito
Aunque la propuesta busca luchar contra el sobreendeudamiento de las familias, los efectos de implementarla pueden ser perjudiciales para los más pobres.
“La imposición de topes a la tasa de interés, o lo que es lo mismo, al precio de los productos financieros, tiene como consecuencia la exclusión de un número importante de personas del sistema formal de financiamiento”, indicó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, en una carta dirigida los diputados.
La razón es que en la medida que la tasa de interés no permita cubrir el costo o riesgo de impago de las operaciones de crédito, este sector de la población quedaría sin acceso al crédito. Como ejemplo, citó el caso de las tarjetas.
“Se puede estimar que el establecimiento de topes a las tasas de interés en tarjetas de crédito implica que aproximadamente 1,1 millones de personas perderían el acceso al crédito”, explicó.
Esto conlleva otro riesgo, que es enviar a las personas de menores recursos al financiamiento informal y al margen de la les y la supervisión del Estado.
Por varios flancos
La creación de una tasa de usura es impulsada principalmente por el diputado Welmer Ramos, del PAC, quien lidera al menos dos iniciativas de ley que crean este nuevo indicador.
Se trata de los proyectos de ley 20.861 y 21.369, ambos en la corriente legislativa. El primero solo versa sobre la tasa de usura, mientras el segundo es una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que preocupa a expertos en Consumo y organizaciones de consumidores.
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Una de las principales razones para adversar la tasa de usura, tal y como se plantea, es que se habla de una sola tasa de usura y cuyo cálculo se indexaría los movimientos de la Tasa básica pasiva.
Esto significa que la misma tasa techo se utilizaría para un préstamo de vivienda que para una deuda de consumo o un crédito para la educación, cuyos riesgos y finalidades son muy diferentes.
En este sentido, en enero anterior, José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, explicó a los diputados cómo funciona el establecimiento de topes, según la actividad.
“Toda regulación debe ser razonable para que no evite el buen funcionar del mercado y que los costos no recaigan en los tomadores de crédito”, dijo.
En la misma cita, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, advirtió a los diputados sobre los riesgos que se corren con una tasa máxima, si esta no fuese bien calculada o “calibrada”, más aún ante la falta de información sobre prestamistas no regulados.
“Una buena parte del problema no se gesta en el sector regulado. Lo que se necesita es conocer cuál es la carga de la deuda total y la capacidad de pago para hacer frente a sus deudas”, explicó, cuando se refirió al expediente legislativo Nº 20.861.
Recelo de diputados
Legisladores de varias fracciones -en especial del PLN, PUSC y PRN- ven con recelo la creación de una “tasa de usura”, impulsada por el oficialista Welmer Ramos.
Uno de los principales motivos es el temor de que se obligue a las personas de menores de ingresos a recurrir a los préstamos “gota a gota”, ligados a la delincuencia organizada y cuyo crecimiento se ha reportado en las zonas rurales del país.
También les preocupa las multas que crea la iniciativa y el golpe que significaría para las finanzas del Gobierno, al disminuir de golpe el acceso al crédito y poner así un freno a los ingresos que provienen del consumo.
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De momento, ninguno de los dos proyectos que crean la tasa de usura cuentan con un apoyo generalizado de los diputados.
Otras alternativas
En la corriente legislativa hay otros proyectos que también buscan luchar contra el sobreendeudamiento.
Tal es el caso de la iniciativa para registrar en el Centro de Información Crediticia (CIC) todos los préstamos que tienen las personas, no importando si se trata de un banco o una tienda de línea blanca.
De esta manera, cualquier futuro acreedor podría conocer con certeza el verdadero nivel de endeudamiento de su cliente y con esto minimizar el riesgo de prestar recursos a alguien que después no podrá hacer frente al compromiso financiero.
El proyecto se denomina “Ley para la defensa del consumidor de productos y servicios financieros” y se tramita con el expediente 21.213.
Esta propuesta ha sido vista con buenos ojos por el superintendente de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, quien también ha cuestionado la conveniencia de imponer una tasa máxima, por los problemas de exclusión que podría conllevar.
En su opinión, agregar a todos los deudores al CIC enriquecería la base de datos y le permitiría a las entidades conceder créditos con mejor información sobre el nivel de endeudamiento de las familias costarricenses, según una explicación que brindó a El Observador en mayo pasado.
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Colaboraron las periodistas Paula Umaña y Paula Ruiz.
