Josué Alvarado
Dos altos exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR) habrían ordenado la destrucción de los discos duros de las computadoras institucionales el mismo día en que renunciaron y mientras pesaban cuestionamientos en su contra.
Se trata del ex subgerente Álvaro Camacho De la O y el exgerente de Negocios del BCR Juan Carlos Bolaños Azofeifa. Ambos están involucrados en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por el cual en apariencia habrían pagado con fondos de inversionistas un sobreprecio de $43 millones a favor del exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales.
En medio de la investigación que ya desarrollaban la Fiscalía y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por este supuesto, ambos presentaron la renuncia. Pero antes de irse habrían ordenado la destrucción de los discos duros de sus computadoras portátiles, según un relato de una testigo.
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Destrucción de discos duros
Un informe elaborado por la Unidad de Investigaciones del BCR concluye que dicha destrucción que refiere a “quebrar de forma física el disco duro”.
La persona que destruyó los discos fue una empleada de la empresa NETCOM a la cual el BCR le contrata servicios, de apellidos Artavia Naranjo, quien confirmó que la destrucción se hizo el lunes 19 de junio.
A ella nunca se le informó que Camacho y Bolaños habían renunciado a sus cargos.
El día de los hechos ambos le habrían dicho an ella que contaban con el consentimiento del actual gerente general, Douglas Soto.
Soto, mediante un comunicado de prensa enviado ayer 29 de abril del 2024 niega dicha autorización.
“Los gerentes en mención le solicitaron a la funcionaria de servicios técnicos (Artavia) que destruyera los discos duros de las computadoras asignadas a ellos. Indicando que contaban con el consentimiento de don Douglas Soto Leitón, agrega que los señores le dejan saber que las partes de los discos duros serían entregadas por ellos a don Douglas Soto”, dice el informe interno del BCR, del cual este medio tiene copia.
Durante la investigación interna que hizo el banco se entrevistó a los dos exfuncionarios, pero prefirieron abstenerse.
(Archivo/El Observador)
Gerente general da su versión
Douglas Soto narró durante la investigación interna que la mañana de aquel lunes 19 de abril Álvaro Camacho entró a su oficina para informarle que había renunciado.
Ese día había sesión de Junta Directiva por lo que el tema estuvo en la agenda. En el lapso de la junta Soto se trasladó a la oficina de Evelyn Aguilar, a quien le iba a ofrecer el puesto de la subgerencia que quedaría vacante. Ahí él tiene un segundo encuentro con Álvaro, quien se estaba despidiendo de Juan Carlos en la oficina de Evelyn.
Según Soto, él le pidió a Evelyn Aguilar ir a su oficina, donde se habló de la oferta. La Junta Directiva aceptó esta propuesta.
Al finalizar la sesión Soto va a la oficina de Álvaro Camacho, quien de nuevo estaba con Juan Carlos Bolaños. En ese mismo momento los dos le dicen que van a entregar los equipos telefónicos pero que quieren mantener el mismo número.
Él dice que estuvo de acuerdo, con la condición de que entregaran el aparato al día siguiente.
A las 4 de la tarde hubo un cuarto encuentro con Álvaro en su oficina para despedirse. También se despidió Juan Carlos Bolaños. Dijo que como él estaba en una llamada no tardaron mucho tiempo y se fueron. Hasta ahí llega su versión.
Narra que el viernes 23 de junio, cuatro días después de los hechos, lo contactó el Gerente de Tecnología para preguntarle y consultarle sobre la falta de los discos. Es este gerente quien le informe que, según las narraciones internas, él mismo había autorizado la sustracción.
Soto dice que “es totalmente falso porque yo no he dado esa instrucción”. También que él mismo se puso a disposición de la Auditoría del banco para que investigara este hecho.
Artavia Naranjo, quien destruyó los discos por orden de los exgerentes, sitúa a Douglas Soto con Álvaro y con Juan Carlos ese lunes 19 de junio en horas de la mañana, pero ella no estuvo presente durante la conversación.
La Unidad de Investigaciones del BCR también tuvo conocimiento que Artavia interpuso una denuncia interna en “donde se expone claramente que fue por instrucción del señor Douglas Soto Leitón como gerente general quien les había autorizado”.
Fotografía tomada del catálogo de propiedades del fondo.
“Se presentaron situaciones anómalas”
Según el informe si bien no se puede concluir por la vía administrativa que hubo dolo “lo correcto es mencionar que se presentaron situaciones anómalas dado a su actuar”.
“Estas decisiones parecieran orquestadas, y que provocó daños no solo para resolución judicial, sino que lesiona los intereses del BCR en su condición de entidad pública, dado que es determinante la materialización del riesgo reputacional y de imagen, el cual hasta ahora no se ha calculado, pues se puede visualizar en medios de comunicación”, dice el informe.
El documento emitido en febrero del 2024 señala que “no existen elementos para determinar si el señor Juan Carlos y Álvaro Camacho actuaron de mala fe y utilizaron el nombre del señor gerente general Douglas Soto, pero tampoco podemos decir lo contrario”.
Eso sí, la Unidad de Investigaciones es enfática en señalar que no hubo una actuación correcta de Soto. Más bien cree que no entregó evidencia de su sana gestión o buena práctica según sus responsabilidades.
“Ante la decisión de renuncia de estos señores al menos se debía proteger información que podría decirse a todas luces era sensible y muy importante para el BCR, máxime que son equipos destinados y asignados por parte de la institución a los involucrados”, dice el documento.
“No podemos decir que eran salidas de renuncia en función normal, sino que eran salidas del subgerente general y un gerente de negocio, como para haberlos manejado de forma simplista, además como acto grave no fue interpuesta la denuncia que correspondía, y que estos hechos presuntamente irregulares eran de conocimiento de la Gerencia General”, reza el informe.
Soto sostiene en su defensa que “la denuncia fue interpuesta ante las autoridades competentes por la aparente sustracción o destrucción de discos duros, por intermedio de la Oficina de Investigaciones, que es una dependencia administrativa que responde a la Gerencia General del BCR”. Sin embargo, es esa misma oficina la que ahora lo señala a él.
El presidente del banco, Fernando Víquez y la vicepresidenta, Mahity Flores, conocen desde el 27 de febrero del 2024 sobre este informe que también se remitió a la Fiscalía.
