Josué Alvarado
El Comité de Inversiones de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) aprobó la compra de una propiedad en Puntarenas que no contaba con los permisos de construcción que tenía que emitir la Municipalidad de Esparza.
Incluso, inspectores de dicho gobierno local habían clausurado las bodegas debido a la falta de las licencias de construcción correspondientes.
Así consta en las actas del Concejo Municipal de Esparza, cantón donde se ubica el terreno cuya compra ahora es investigada por la Fiscalía y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por un supuesto sobreprecio que se habría pagado y que estaría afectando a los inversionistas.
Según las actas revisadas por El Observador la sociedad que vendió la propiedad a la SAFI empezó a tramitar un permiso de construcción por apenas 1.000 metros cuadrados hasta un mes después de que había concretado el negocio con el fondo de inversionistas administrado por el BCR.
Los documentos también señalan que la sociedad, cuyo principal accionista era el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas, ya había tramitado las licencias pero se las habían negado por razones desconocidas.
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Objetivo era “ponerse a derecho”
En la sesión municipal del 16 de marzo del 2020 (cuando ya se había concretado la compra por parte del BCR) se conoció un informe elaborado por el gestor de ordenamiento territorial, César Ugalde, en el cual se recomendaba al concejo aprobar la licencia de construcción para 1.084 metros cuadrados de bodega, servicios sanitarios, oficinas y una caseta.
Ugalde dejó en claro desde ese momento que dichas obras ya se habían construido, es decir, el permiso se había tramitado posterior al levantamiento, por eso había que cobrar multa.
Dicho informe fue trasladado a la Comisión de Obras Públicas del concejo para su estudio y posterior dictamen.
En la sesión del 6 de abril del mismo año la comisión expone ante el concejo los resultados. Indica que el objetivo es que la construcción “se ponga a derecho”.
El regidor Elián Portugués Carmona, que fue quien brindó el informe, señaló que la multa correspondía en este caso a ¢1.823.151, es decir, al 1% del valor total de las obras para las que se tramitó el permiso.
Sin embargo, cuestionó que la sociedad que estaba tramitando el permiso solo lo hacía por una bodega, cuando una inspección les evidenció que había más de 10.
El gestor municipal, César Ugalde, reconoció que para ese entonces dichas bodegas no estaban a derecho y que la sociedad había iniciado el trámite para esas otras construcciones. Para este momento la compraventa ya se había formalizado aunque todas las gestiones ante la municipalidad seguían a cargo del propietario previo.
Obras estaban clausuradas
En la misma sesión el inspector municipal Bladimir Fait intervino e informo que él hizo las clausuras de las bodegas que se levantaron sin permiso.
“En las clausuras las hice bodega por bodega, porque ahí pueden meter un gol, pueden decir que son 2.000 metros y son 100.000 metros de construcciones, cada bodega tiene su clausura“, señaló Fait.
El gestor municipal aseguró a las autoridades municipales que habría una próxima solicitud en la que se trataría de “poner en orden” a todas las bodegas que ya el Comité de Inversiones del fondo había comprado.
A pesar de esto, el concejo aprobó brindar la licencia de construcción.
“Se está dando un permiso y eventualmente se va a venir otras construcciones y al final uno es el que va a quedar mal, al dar ese permiso más bien se va a dar para que continúen el proyecto”, señaló el regidor Portugués.
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Captura del acta de la sesión del Concejo Municipal del 6 de abril del 2020. El gestor municipal reconoce que las obras construidas no tienen permisos y que se están tramitando. Posteriormente se impone una multa de 33 millones de colones por este motivo.
Humberto Vargas seguía como “propietario”
Ante los cuestionamientos el Concejo Municipal convocó a los “propietarios” del proyecto a conversar sobre los permisos y otros temas relacionados.
La reunión ocurrió el 15 de abril del 2020.
Sin embargo, dos meses después de concretada la compra por parte de BCR SAFI, la sociedad 3-101-764316 S.A, cuyo principal accionista era el exdiputado Vargas, seguía dando las explicaciones como si continuara siendo de su propiedad.
De hecho a Vargas se le llama en el acta de esa sesión el “propietario del proyecto”.
A esa reunión también asistió el arquitecto de la sociedad Abel Castro, quien explicó que el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) era la parte trasera de un gran proyecto que también comprendía una parte frontal llamada La Roca (principalmente relacionada al turismo y ocio).
Sobre el parque empresarial, que fue el que compró BCR SAFI, señaló que tenían el 20% de las construcciones y que todavía estaban pendientes permisos ante el Ministerio de Salud.
Una segunda etapa de bodegas no se había empezado en “absolutamente nada” para ese entonces, señaló Castro.
Durante esta reunión ni Humberto Vargas ni Abel Castro mencionaron que el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) había sido comprado por los inversionistas del fondo que administra la SAFI.
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Multa por ¢33 millones
En la sesión municipal del 26 de octubre, es decir, ocho meses después de que se pagara por estas obras, la municipalidad conoció que se había pagado una multa por 33.000.0000 debido a las construcciones que se hicieron previo a los permisos.
El alcalde, Asdrúbal Calvo Chaves, consideró como un monto “considerable”.
“Se pusieron a derecho la gente de la Roca con las bodegas que estaban construyendo del cual pagaron un monto cercano a los sesenta y cinco millones de colones correspondientes al 1% más la multa que es el mismo monto”, explicó.
El Observador consultó al BCR quién había pagado este monto, sin embargo el gerente jurídico del banco, Manfred Saénz, no tenía la información.
Un grupo de inversionistas de los más de mil que forman parte de este fondo administrado por el BCR denuncian que la SAFI pagó más de tres veces el verdadero valor del PEP. Ante la molestia, desde noviembre del 2022 la Sugeval ha pedido explicaciones y ha pedido que la sociedad explique lo que está ocurriendo.
Un reciente avalúo realizado por la firma Constructora Costarricense S.R. (Cocosa) determinó que el costo total de dicho inmueble ronda los $27,4 millones. Sin embargo, BCR SAFI desembolsó cerca de $70,8 millones. Es decir, habría pagado un sobreprecio de más de $43 millones, lo que coincide con la hipótesis de los inversionistas.
La SAFI BCR sigue defendiendo su compra y desvirtúa el análisis hecho por Cocosa en el sentido de que, según su criterio, no cuenta los requisitos establecidos por la Sugeval.
