BBC

Tres claves para entender el toque de queda en Honduras tras el brutal asesinato de 21 personas en un día

Como se esperaba, la violencia está siendo uno de los retos más complejos para la presidenta de Honduras, Xiomara Castro….

Tres claves para entender el toque de queda en Honduras tras el brutal asesinato de 21 personas en un día
Facebook Twitter Whatsapp Telegram
BBC

Como se esperaba, la violencia está siendo uno de los retos más complejos para la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

En solo 24 horas, 21 personas fueron asesinadas en el país durante este fin de semana. 13 de ellas fueron víctimas de una masacre al interior de un billar en el municipio de Choloma, en el norte hondureño.

Para hacer frente a esta grave situación, la mandataria decretó toque de queda en Choloma y en San Pedro Sula, una de las ciudades más grandes e importantes del país centroamericano.

¿Qué está pasando en Honduras? ¿De qué se trata la nueva ofensiva lanzada por Castro? Y ¿qué tan importante es el “efecto Bukele” en todo esto?

Aquí te lo contamos.

1. ¿Qué pasó?

La noche del sábado 24 de junio, 13 personas fueron asesinadas en un billar ubicado en el barrio Victoria, en Choloma, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños.

Según la policía local, la masacre ocurrió luego de que un grupo de hombres armados entrara en el lugar y abriera fuego en contra de los invitados.

13 personas fueron asesinadas el sábado en un billar en el norte de Honduras.

A este brutal ataque se sumó el asesinato de otras 8 personas en distintos episodios registrados en solo 24 horas en distintas zonas del norte del país.

Ante estos acontecimientos, la presidenta Xiomara Castro decretó el domingo toque de queda desde las 9:00 pm a las 4:00 am en las dos ciudades más afectadas, Choloma y San Pedro Sula, durante 15 días que pueden ser prorrogables.

Junto a ello, Castro también anunció una operación policial, llamada “Candado Valle de Sula”, que busca controlar la violencia en la zona norte y recuperar las áreas tomadas por las pandillas. La ofensiva incluye recompensas para quienes faciliten la captura de los autores de los crímenes.

“He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente”, dijo la presidenta en su cuenta de Twitter.

“Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante las 24 horas”, agregó.

Las nuevas medidas llegan solo cinco días después de que 46 reclusas murieran calcinadas y tiroteadas en un motín entre, supuestamente, integrantes de pandillas rivales -Barrio 18 y Mara Salvatrucha-, en una cárcel cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras.

l menos 46 reclusas murieron tras un motín en la cárcel el pasado 20 de junio.

2. No es un hecho aislado

La ola de violencia que golpea a la población hondureña no es reciente.

Las últimas medidas impuestas por el gobierno para enfrentar la criminalidad se suman a un controvertido y extenso estado de excepción que rige en más de la mitad del territorio hondureño desde el 6 de diciembre del año pasado.

La medida fue prorrogada en tres ocasiones -la última el 21 de mayo, cuando fue extendida por otros 45 días-, provocando un llamado de atención de Naciones Unidas, que pidió evitar su “uso prolongado”.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha insistido en que este régimen suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, por lo que su carácter debe ser temporal.

Sin embargo, según las autoridades, el estado de excepción ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, feminicidios y lavado de activos.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció nuevas medidas contra la violencia e inseguridad.

El país vive hoy un “fenómeno algo contradictorio”, le dice a BBC Mundo Eugenio Sosa, sociólogo del Instituto Nacional de Estadística de Honduras.

Esto se debe a que, si bien los asesinatos han disminuido -en 2022 se registró una tasa de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años-, las matanzas han aumentado.

“Se han incrementado las masacres. Detrás de ellas hay estructuras de crímenes organizados que han penetrado el país hasta el fondo”, señala Sosa.

Un ejemplo de lo anterior es, justamente, la muerte de las 46 reclusas en la prisión el pasado 20 de junio.

Tras el dramático episodio, el gobierno anunció que la policía militar asumirá el control de las 21 prisiones de Honduras por un período de un año a partir del 1 de julio.

Eugenio Sosa dice que, frente a esto, el “punto crítico de debate” está en si los militares van a lograr o no controlar la situación.

“Los militares generan sensación de seguridad pero, en perspectiva de largo plazo, es cuestionable”, dice.

Una mirada similar tiene Leonardo Pineda, analista e investigador social hondureño, quien asegura que militarizar la seguridad ya se ha hecho en períodos anteriores con resultados poco efectivos.

“Está bastante probado que militarizar las cárceles y la seguridad en general no es lo más efectivo. Además, la policía militar ha sido reportada por atropello a los derechos humanos”, le indica a BBC Mundo.

3. ¿Qué tan importante es el “efecto Bukele”?

El Salvador y Honduras comparten frontera y desafíos.

Históricamente han tenido unas de las mayores tasas de asesinatos del mundo y sus habitantes han sufrido durante años una inseguridad endémica.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lidera la llamada “guerra contra las pandillas” en su país.

El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, lleva más de un año bajo un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos pero aplaudido por la mayoría de salvadoreños por disminuir el crimen y los homicidios, según datos del gobierno.

La popularidad de Bukele también alcanza a amplios sectores hondureños que miran con buenos ojos cómo el presidente vecino está liderando la guerra contra las maras.

“Bukele es muy valorado en la sociedad hondureña y hay amplios sectores de la ciudadanía que claman por un liderazgo como el de Bukele en el país. Que ponga orden, que se imponga, que le teman los delincuentes”, explica Sosa.

Una de las consecuencias de lo anterior es que el gobierno de Castro se habría visto presionado para generar medidas en línea con las de Bukele.

“Le imprime presión a los gobernantes que, al ver que en el país vecino funcionan algunas cosas, tienen la motivación para desarrollar aspectos parecidos al modelo de Bukele”, señala Sosa.

La lucha de Bukele contra las maras es admirada por un amplio sector de la sociedad hondureña.

El apremio es aún más fuerte si se considera que la mano dura de Bukele está provocando una migración de pandilleros de El Salvador hacia otros países de la región. Y Honduras no es la excepción.

“Producto de la persecución y encarcelamiento en El Salvador, algunas pandillas han logrado moverse y están realizando actividades delictivas en Honduras”, afirma Sosa.

Pero intentar imitar en Honduras las acciones vistas en El Salvador no es fácil ni garantiza éxito por sí mismo.

“Tratar de emular lo que está haciendo Bukele obedece más a una campaña propagandística que a algo que realmente vaya a dar resultados”, asegura Pienda.

“El Salvador es mucho más pequeño que Honduras. Ellos tienen cinco policías por cada 1.000 habitantes, nosotros estamos en apenas 1,8 por cada 1.000 habitantes. Entonces las intervenciones no se pueden hacer de la misma manera. Además, nuestras cárceles están colapsadas”, agrega.

Por otro lado, el “modelo Bukele” ha sido criticado por la ausencia de un plan a futuro, más allá de las medidas de excepción.

Así, analistas consultados por BBC Mundo aseguran que el gran reto en Honduras está en atacar la criminalidad de raíz.

Para ellos, medidas como el toque de queda o el estado de excepción sólo funcionarán si se llevan adelante políticas más profundas como la lucha contra la corrupción, la disminución de la desigualdad y de la pobreza, y la recomposición de las instituciones.