Tomás Gómez
La Ley de Empleo Público entra a regir el viernes para transformar varios aspectos de la burocracia, entre ellos los esquemas salariales.
Según la normativa, el Ministerio de Planificación (Mideplan) tendrá la rectoría en la materia, generando las tablas que definirán los salarios globales que pretenden parar los excesos de los pluses.
Eso sí, el mandato de Mideplan aplica para el Gobierno Central. Las instituciones autónomas, por su parte, tendrán dos posibilidades: una es apegarse a los dictados del Ministerio y otra generar a lo interno sus propias políticas.
De momento, ya hay 31 instituciones que decidieron no trabajar con Mideplan.
Se trata del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como casi una treintena de municipalidades.
Para ello, cada ente debe declarar sus puestos como “exclusivos y excluyentes”. Esto implica que si bien tocará ponerles nuevas reglas, estas se generarán según los parámetros institucionales y no con lo que dicte el Gobierno.
Al respecto, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, había indicado que respeta la institucionalidad; recalcando así que nadie está exento de implementar Empleo Público.
“Eso no les exime desde ningún punto de vista de aplicar la ley”, dijo días atrás.
El resto de instituciones tendrán que decidir en los próximos meses cuál postura tomarán.
El caso de las Municipalidades
Desde que se debatió la Ley de Empleo Público y se dio la revisión de la Sala IV quedó claro que las instituciones autónomas y las descentralizadas tendrían el margen de acción para realizar sus cambios.
En el caso de las municipalidades, el gremio la posibilidad de apegarse a Mideplan, generar su propio esquema o dividir las planillas según los puestos. Las votaciones, sin embargo, se han decantado masivamente por cada una tener sus propias reglas.
"Es muy complejo para un Gobierno Local tener doble rectoría. Autorregularse en unos puestos y que la otra rectoría la tenga Mideplan", dijo Karen Porras, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL).
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Porras indicó que no se puede generalizar el sistema porque cada ente tiene sus particularidades.
"Son 84 realidades. Tenemos municipalidades pequeñas que tienen muy pocas capacidades instaladas, las medianas que algún grado de capacidad y las grandes que se autorregulan fácilmente", puntualizó la vocera.
Eso sí, explicó que cerca de un 30% de las municipalidades trabajan con una metodología salarial de la UNGL. Esta está en proceso de actualización para apegarla a los parámetros de la Ley de Empleo Público.
"Estamos haciendo una contratación para que nos puedan dar una propuesta para entregársela a las municipalidades de cómo conformar sus salarios globales", detalló.
El Gobierno anunció que a partir del 20 de marzo se realizarán diálogos para definir ajustes a la Ley de Empleo Público. No obstante, de momento los plazos comenzarán a correr (Alonso Solano/El Observador)
Nuevas reglas para Empleo Público
La Ley Marco de Empleo Público se cocinó por años. En 2018 se promovió como un complemento esencial del Plan Fiscal pero el Gobierno PAC sumó reiterados fracasos en su impulso. No fue hasta su inclusión en el Acuerdo con el FMI que la reforma quedó en firme.
Aunque se firmó en 2022, la normativa entrará a regir hasta 12 meses después, fecha que se cumple esta semana. Con ello, sin embargo, no llegan de momento grandes cambios sino que corren nuevos plazos:
- Hay 6 meses para emitir el reglamento que permita la materialización de la Ley
- Las instituciones tendrán 8 meses para ajustar los sistemas de pago
- En 6 meses deberá estar listo el Sistema Integrado de Empleo, que servirá de guía para todas las instituciones
- La normativa actualizada para los nuevos empleados públicos regirá hasta marzo del 2024
Los empleados públicos se dividirán en 7 grupos según sus funciones para establecer los nuevos rangos de salarios.
Mientras que los nuevos empleados públicos serán contratados con los principios de la nueva Ley, los actuales pasarán por un ajuste.
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El primer paso será definir los montos del salario global y a partir de ahí comenzarán las decisiones.
Los que tengan salarios sobre esa base quedarán con el salario congelado. Esto implica no recibir más pluses y ni siquiera los aumentos por el costo de la vida.
Para los que ganen menos de ese salario, sí podrán recibir aumentos proporcionales al costo de la vida. Eso sí, los pluses desaparecen y ahora se aplicará un sistema de puntos que se traducirá también en pago.
Hasta que ambos grupos no estén empatados, no se podrán hacer otros ajustes.
Con la Ley de Empleo Público el Servicio Civil pasará del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Planificación (Tomás Gómez/El Observador)
