Allan Arroyo
AFP
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) expresó su rechazo y “oposición” ante la reciente confiscación de todos los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Este acto de represión se suma a una serie de “arbitrariedades y actos violentos dirigidos contra la academia nicaragüense, característicos del gobierno autoritario de Ortega-Murillo”, dice el comunicado.
Agregan que estas acciones demuestran la percepción del régimen que ve en los centros de estudio “una amenaza por forjar un pensamiento crítico”.
Los rectores de Costa Rica consideran que la Universidad Centroamericana mantuvo una postura crítica en relación al régimen de Ortega y defendió valores como la justicia, la protección de la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense.
Esta postura provocó las represalias, persecución y asfixia económica por parte de Ortega, culminando en la suspensión total de sus actividades académicas y administrativas.
La Universidad Jesuita Centroamericana (UCA) de Nicaragua anunció el 16 de agosto de 2023 la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal ordenara el decomiso de sus bienes y fondos tras acusarla de ser un “centro del terrorismo”.
Golpe a la educación
Conare considera que este es un golpe a la educación el país del norte, que deja en la incertidumbre a más de 9.500 estudiantes de pregrado y posgrado, y cierra una institución educativa con más de seis décadas de historia.
“Expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a los estudiantes, docentes, personal administrativo y a toda la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de la UCA”.
“Hacemos un urgente llamado a la comunidad académica de Centroamérica y a la comunidad internacional a unirse en defensa de las instituciones universitarias en Nicaragua y en apoyo a la educación y la libertad de pensamiento”, agregan las universidad públicas costarricenses.
“Instamos a las autoridades del Gobierno de Nicaragua a respetar los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, y a restaurar la paz, la seguridad y el orden constitucional en el país”, finalizan.
Estudiantes exiliados protestan frente a la embajada de Nicaragua ante Costa Rica por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), acusada por el gobierno de ser un “centro de terrorismo”.
📹: Houston Castillo (@HoustonTexasni), corresponsal de la #VOA, en Costa Rica. pic.twitter.com/c0v58P4X9n
— Voz de América (@VozdeAmerica) August 17, 2023
Lo que pasó
El ente rector de las universidades de Nicaragua canceló el jueves la licencia a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), cuyos bienes fueron confiscados por un tribunal, y la sustituyó por un centro de estudios estatal.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) detalló que “para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado, aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro” y nombró a sus máximas autoridades.
El CNU indicó en un comunicado que también canceló “la autorización de funcionamiento” de la institución “en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense”.
La universidad jesuita anunció el miércoles la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
Como ladrones, al amparo de la noche, como hacen ellos siempre las cosas… https://t.co/IHnq9ydA05
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) August 18, 2023
“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, dijo la UCA en una nota, en alusión a las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega que dejaron más de 300 muertos.
Estados Unidos condenó este jueves la confiscación a través del portavoz del departamento de Estado, Vedant Patel, quien indicó que la medida·tomada por Ortega “representa una mayor erosión de las normas democráticas y una asfixia del espacio cívico”.
