Mariana Mena
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó este lunes 18 allanamientos por presuntas irregularidades en la entrega anticipada de pensiones.
Según la investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indican las supuestas anomalías.
“Al parecer, un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el BP (Banco Popular) para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC)”, explicó la fiscalía.
“Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROPC, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS”, sumó.
De acuerdo con las autoridades, hay 29 empleados que habrían obtenido pensión anticipada usando esa certificación falsa.
“Tras las investigaciones entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas”, resaltaron.
Además, en dichas certificaciones, se indicaba que las personas contaban con pensión por invalidez.
“En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROPC, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado”, agregó la fiscalía.
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Detenidos
Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó detener a ocho personas, con los apellidos: Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.
“Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación”, informaron.
Según la investigación, los delitos serían: cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Los allanamientos fueron en viviendas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas. Asimismo, los operativos están activos en oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Posición de CCSS
En un escueto comunicado, la CCSS indicó que la investigación gira alrededor de un grupo de sus empleados por hechos que ocurrieron años atrás.
“De acuerdo con lo que la Institución ha conocido se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS”, indicó.
La entidad informó que colabora con todo el proceso de investigación.
