La Encuesta Nacional de Endeudamiento concluye que unos 221.000 costarricenses han recurrido a la vía informal de un préstamo “gota a gota”. Este es un crédito que se suscribe entre privados, sin regulaciones y que hasta podría poner en peligro la vida de los deudores.
Durante setiembre y octubre del 2023 la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) aplicó una encuesta a 1.200 personas entre los 18 y los 65 años de edad, en distintas partes del país. Los datos cubren el equivalente a 3,3 millones de personas.
El estudio concluye que un 7,4% de la población ha recurrido a estos créditos y que un 5,5% (lo equivalente a 181.500 personas) ha recibido amenazas de los prestamistas para que paguen los altos montos de cuotas que imponen.
Por su parte, un 4,4% reportó haber puesto denuncias por este motivo.
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Otros de los cálculos hechos por la OCF es que si cada uno de estos costarricenses solicitó un préstamo por ¢200.000, se habrían otorgado un total de ¢44.000 millones a través de esta modalidad.
“El préstamo ‘gota a gota’ está asentado en el país. Si suponemos un monto conservador de desembolso por préstamo, es válido sospechar que se ha desembolsado mediante este tipo de créditos una suma bastante considerable”, señaló el director general de la OCF, Danilo Montero.
El vocero señaló que uno de los objetivos de estudiar esta modalidad desde la encuesta es hacer más palpable esta problemática y “contribuir a crear políticas públicas que permitan a la población que acude a estos préstamos tener acceso a las soluciones financieras dentro del marco de la legalidad”.
Penas más altas
Un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa pretende imponer penas de entre cinco a 10 años de prisión a aquellas personas que otorguen préstamos de dinero a tasas de interés excesivamente altas, superiores a los montos legales o del mercado financiero, y en condiciones financieras variables y opresivas.
También, el texto indica que las penas serán más duras para las organizaciones que se dediquen a este tipo de negocio.
El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Se encuentra en el orden del día en la Asamblea Legislativa para su debida votación.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advierte de el riesgo de estas prácticas. El número de denuncias por extorsiones y amenazas vinculadas a este tipo de créditos viene en aumento.
Los expertos de seguridad hacen la advertencia por el ligamen de estas prácticas con el crimen organizado y la inseguridad.
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