Hermes Solano
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Rándall Zúñiga, señaló ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que los préstamos “gota a gota” ya dejaron cuatro asesinatos en este 2023.
“Este año llevamos 4 homicidios vinculados a gota a gota. Agresiones o lesiones contra personas no manejo el dato, pero es una cantidad importante”, indicó Zúñiga.
El funcionario judicial compareció ante el órgano legislativo como parte de la discusión del expediente 23.575 “Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota”.
La iniciativa de la legisladora Gloria Navas y Gilberth Jiménez está convocada en las sesiones extraordinarias, por lo que se busca avanzar al máximo en pro de tenerlo aprobado lo más pronto posible.
Zúñiga enfatizó que las extorsiones a raíz de estos créditos informales han venido en aumento y así lo reflejan las denuncias.
Para este año se habla de que ya superaron los 400 casos, pero “vienen incrementándose año con año”.
Según el dato aportado en la comisión, desde setiembre de 2022 y hasta la actualidad, se han contabilizado 689 denuncias.
El director del OIJ señala además que existe una cifra oculta porque hay mucha gente que no denuncia lo que sucede por temor a represalias, por lo que considera que debe haber muchas situaciones más en el país.
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Ataques a personas o cosas
Aunque la cifra de cuatro homicidios es mínima en comparación con el total de 844 asesinatos que se han dado en el país, según el último reporte del OIJ, genera preocupación que se esté llegando a eso con los “gota a gota”.
Las autoridades son claras que una vez se solicita un préstamo de este tipo, donde no hay que cumplir requisitos, las personas están expuestas a intimidación, amenazas, violencia, lesiones, privación de libertad y hasta la muerte.
Zúñiga aseguró que además ahora se están violentando las cosas, como casas, las cuáles estarían quemando o destruyendo.
“Eso es propio de las mafias, que si no paga le quema el negocio o la casa como represalia”, indicó.
El OIJ les presentó a los diputados algunas observaciones en el texto, principalmente para que se aclaren algunas palabras o que quede clara la definición de lo que se quiere.
(Captura de pantalla)
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Las penas
Este proyecto de ley pretende imponer penas de entre tres a 10 años de prisión a aquellas personas cobren el dinero “valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 o 125 de esta ley”.
También, indica que las penas serán más duras para las organizaciones que se dediquen a este tipo de negocio.
“La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y sus reformas ley N° 8754 del 24 de julio del 2009”, dice el artículo.
