Tomás Gómez
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pidió a los diputados aprobar el tercer presupuesto extraordinario que se incluye ¢3.347 millones ($6,6 millones) del caso conocido como Ecostate Consulting Group S.A.
Se trata de un escándalo que estalló en 2013 en el entorno del expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Este habría recibido coimas en la trama Odebrecth, que salpicó a distintos países de la región en la última década.
Aunque el político habría movido más dinero en el país, la suma de $6,6 millones fue la que terminó incautada.
Según lo que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, los recursos se prorratean entre distintas instituciones de seguridad y justicia.
El reparto se incluyó el último presupuesto extraordinario, presentado por el Ministerio de Hacienda. En la propuesta se plantea dar:
- 40% ($3,3 millones) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Específicamente para la atención, el mantenimiento y la actualización de la Plataforma de Información Policial (PIP), así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
- 20% ($1,3 millones) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
- 10% ($663.000) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
- 10% ($663.000) al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía Penitenciaria.
- 10% ($663.000) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
- 10% ($663.000) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
“Estos recursos vienen a apoyar la lucha que hacen los diferentes cuerpos policiales en contra del crimen organizado”, aseveró el Director del ICD, Fernando Ramírez, sobre el eventual acceso a los recursos.
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“La plata de la suegra”
El caso de corrupción a manos de las constructoras tuvo su epicentro en Sudamérica y llegó hasta series de televisión.
Esa escalada motivó investigaciones también en Estados Unidos, desde donde una información confidencial advirtió que los dineros habrían salpicado en Costa Rica.
El caso específico vinculaba a Alejandro Toledo Manrique, mandatario de Perú del 2001 al 2006. Específicamente, entre el 2002-2005 fue cuando hubo más sospechas de corrupción.
Se le achaba al político haber intervenido a favor de contrataciones para las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en la construcción de la Carretera Transoceánica.
El pago irregular habría pasado por países como Suiza y Panamá. De ahí dieron el salto a cuentas bancarias en Costa Rica.
En un inicio los fondos estuvieron pasivos pero al comenzar a moverse generaron sospecha. Las investigaciones se activaron y fue así como se logró retener al menos una parte.
Un dato llamativo es que el nombre de Toledo no figuraba directamente; era mediante su suegra y un colaborador de seguridad que se daban los movimientos.
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Una parte de los millones de Toledo
El cálculo internacional es que el expresidente peruano recibió unos $34 millones indebidos.
De ellos, unos $20 millones pasaron por Costa Rica y, tras los movimientos, se incautaron $6,6 millones.
Este monto estuvo decomisado y tras demostrarse las irregularidades que lo acompañaron, se pasó a la siguiente etapa. En ella se pidió su estancia definitiva en Costa Rica, mediante un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
