Gustavo Martinez
El alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya, negó que busque continuar en la Municipalidad de San José tras dejar su cargo como alcalde el próximo 30 de abril.
Dijo que no son ciertas las versiones que se han circulado de que, en caso de que resultara electo Mario Vargas actual candidato del PLN a al municipio capitalino, se abriría un espacio para que Araya se convirtiera en el gerente municipal.
“Lo primero que quiero decir es que no existe, y es público, no existe la apertura ni la creación de una plaza de gerente, ni se ha sugerido una plaza para que yo la ocupe. Es falso y lo desmiento”, indicó el Alcalde.
Araya agregó que además de la inexistencia de una solicitud para la creación de esa figura a lo interno del municipio, tampoco se cuenta con el presupuesto para este tipo de cargo.
Durante los últimos días la candidata a la alcaldía capitalina por el Frente Amplio, Patricia Mora así como la diputada oficialista Pilar Cisneros mencionaros en declaraciones publicas que en el caso de que el PLN gane la elección en San José el próximo 4 de febrero, Araya continuaría en la Municipalidad con el cargo de gerente.
A la espera de audiencia
Araya se encuentra a la espera de la audiencia ante el Tribunal de Ética del PLN, propuesta por el secretario general, Miguel Guillén. Ante lo que debe presentar una respuesta por escrito a más tarde esta semana.
Esto luego de que la Contraloría General de la República (CGR) suspendió al alcalde ante una supuesta contratación irregular. A lo que Araya catalogó como “persecución política” por parte del ente contralor.
“Más allá de lo que he informado, quiero referirme al Tribunal de Ética del partido y estoy seguro de que podré demostrar de que yo no tengo ninguna responsabilidad, de que no hubo daño a la Hacienda pública, no se trata de un acto de corrupción o de malversación de fondos”.
“La Contraloría está haciendo una suspensión por un error de carácter administrativo y, que repito, no es un error de parte mía. Si hay un error es de dos órganos especializados de la municipalidad y no mío”, declaró en consulta de este medio.
Araya percibe esta audiencia como una oportunidad para defenderse.
“Esto es una gran oportunidad que podré tener en una audiencia ante el Tribunal de Ética. De manera que, la acepto con beneplácito. No resulta nada incómodo para mí poder ir a dar esas declaraciones”, añadió.
La Contraloría ordenó, el pasado 3 de enero, la suspensión del alcalde por 20 días y sin goce de salario, por la contratación de un bufete para dar asesoría jurídica al municipio josefino.
La suspensión versa sobre la contratación por excepción que el alcalde autorizó para la empresa DBS Asesores Jurídicos y que tuvo un costo de ¢22.5 millones.
