Hermes Solano
La Fiscalía Adjunta de Heredia y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) acusaron al Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, por presunto tráfico de influencias.
Se le acusa de dar la orden a policías municipales de liberar a un detenido, por pedido de una abogada de apellidos Alfaro Chacón.
La Procuraduría de la Ética interpuso una querella y una acción civil resarcitoria contra ambas personas.
“Las acciones tienen que ver con la influencia que realizó el Alcalde a policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de la abogada; ante llamada que ella misma le realiza a Ulate Avendaño y ahí es cuando el Alcalde da la orden a los policías de que lo dejen en libertad y que cancelen el procedimiento”, explicó la PEP en un comunicado de prensa.
Los hechos “en criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, constituyen un delito de tráfico de influencias agravado”, añadió.
A ambos se les demanda civilmente y se les pide una indemnización de ₵5 millones cada uno, para un total de ₵10 millones.
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Niega los cargos
En conversación con El Observador, el Alcalde de la provincia herediana negó haber incurrido en un delito.
“Nunca di la orden para liberarlo”, mencionó el funcionario, quien tiene más de 15 años en el puesto.
Ulate aseguró que él sí recibió la llamada de la abogada, quien estaba con los policías en ese momento.
La mujer le pasó el teléfono a uno de los municipales y según el Alcalde, lo que le dijo era que siguiera el protocolo.
“El policía no me explicó que flagrancia estaba esperando a la persona. No conocía que estaba en flagrancia”, dijo.
Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2016 y según el Alcalde, ha ido 3 veces a declarar a la Fiscalía.
Hasta el momento Ulate dice no haber sido notificado de las denuncias de la Procuraduría.
