Mariana Mena
Una auditoría realizada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no encontró conflicto de intereses en los miembros de la Junta Directiva suspendidos por aprobar el ajuste salarial.
La auditoría bajo el oficio el PE–2884–2022, se realizó por solicitud de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel el 1 de noviembre de 2022.
“El hecho de que los directivos tengan parientes entre los trabajadores de la CCSS y asegurados entre la población nacional no los inhibe de dictar los actos administrativos de carácter general”, se lee en las conclusiones.
Y agrega: “El acto administrativo que decreta el aumento salarial dispone de firmeza y eficacia, por lo que generó derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de la esfera laboral de la colectividad, los cuales solo pueden ser anulados mediante un proceso de lesividad“.
Un proceso de lesividad, es cuando una instancia del sector público pide la intervención por una decisión que se tomó, bajo el criterio que para la Autoridad genera afectación a los intereses públicos.
Fue el pasado 12 de diciembre cuando 5 miembros de la Junta Directiva recibieron la notificación de suspensión por parte de personeros de Casa Presidencial.
“Los estamos llevamos a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera que pudieron haber incurrido”, dijo el presidente Rodrigo Chaves sobre la suspensión.
Los miembros suspendidos de la Junta Directiva fueron:
- Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos
- Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno
- Martha Rodríguez González, del sector sindical
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas
- Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo
OBSERVE MÁS: Gobierno designa suplente temporal al representante que suspendió en la CCSS
Sindicato
Ante este criterio por parte de la auditoría, para la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) van exigir la reinstalación de los miembros de la Junta Directiva suspendidos.
“Esta claro que no hay conflicto de intereses, uno de los principales argumentos del Gobierno para quitar a los miembros. Queremos que ellos vuelva a tomar sus puestos.
“También estamos buscando toda la asesoría legal y política para tomar las medidas que sean necesarias”, señaló Luis Chavarría representante de Undeca.
Además, señaló que los miembros fueron notificados el lunes en la tarde sobre una extensión en el plazo de la suspensión.
“Una comisión investigadora del Gobierno, va a seguir con la investigación y el lunes les informaron de una extensión de la suspensión.
“Pero es una artimaña más, porque la fecha de entrega del informe de auditoría tiene fecha del 9 de enero”, agregó Chavarría.
Gobierno
Se consultó a la CCSS sobre la posición de la presidenta ejecutiva, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Tras el Consejo de Gobierno del miércoles 7 de diciembre, el presidente Chaves anunció que suspenderían de manera inmediata a cinco directivos CCSS.
A ellos se les abrirían órganos directores para aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
Adicionalmente, a estas personas serían denunciadas ante la Fiscalía para que se investigue si hubo delitos en la decisión de decretar un aumento de salario para los 62.000 empleados de la CCSS.
Junto a ellos también se acusó al expresidente de la institución, Álvaro Ramos.
Decreto ejecutivo
Entre las acciones que tomó el Ejecutivo para frenar el ajuste salarial, fue derogar el decreto 42121-MTSS-H-MIDEPLAN el 7 de octubre del 2022.
Dicho decreto es la norma jurídica que estipula el aumento de salarios sobre el que la Junta Directiva, decidió la aplicación y pago efectivo.
Entró en vigencia el 1 de enero de 2020. Luego, a raíz de la pandemia del covid–19, fue suspendido mediante Decreto ejecutivo número 42286 del 4 de abril del 2020.
“El Decreto que aumenta salarios puede derogarse, pero sus efectos solo pueden ser a futuro. Sí se acordó el pago efectivo de los ¢7.500 colones, estamos frente a un derecho
adquirido y una situación jurídica consolidada”, detalla el informe.
Álvaro Ramos expresidente ejecutivo de la CCSS. (Foto Archivo/El Observador)
El acuerdo de la discordia
El pasado 8 de setiembre la junta directiva aprobó ejecutar un aumento salarial que estuvo congelado durante la pandemia de covid-19.
En promedio, se incrementarían ¢7.500 a uno 62.000 funcionarios.
Cálculos de la institución valoraron que la política costaría ¢10.000 millones por año, por los próximos 10 años, hasta el 2031. Además, hay un monto de ¢8.000 millones de anualidad que se pagarían adicionales cada 12 meses.
El incremento, sin embargo, no estuvo exento de polémicas.
Desde el Gobierno mostraron su rechazo y el presidente Rodrigo Chaves terminó por destituir a Álvaro Ramos quien estaba al frente de la CCSS.
El Ministerio de Planificación, por su parte, interpretó que el pago seguía suspendido y envió el caso a la Contraloría General de la República, pero esta consideró que no era competente para pronunciarse al respecto.
Con ese escenario, la gerencia de la CCSS dio un ultimátum para que la Directiva decidiera que pasaría con el aumento y en noviembre finalmente se aprobó hacer el pago retroactivo a partir de diciembre pasado.
