AFP
(Ciudad de Guatemala). Un ataque armado contra un grupo de manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal general de Guatemala dejó una persona muerta y dos heridas el lunes en una carretera en el suroeste del país, cerca de la frontera con México, informaron fuentes oficiales.
El hecho ocurrió en el municipio de Malacatán cuando cerca de 50 personas “con armas de fuego, palos y piedras” llegaron “con la intención de desalojar a los manifestantes” que mantenían cerrada una ruta del poblado fronterizo, indicó en un comunicado el Ministerio del Interior.
La Fiscalía, en un mensaje enviado a la prensa, indicó que por los hechos en Malacatán “se registró una persona fallecida y dos heridos que fueron trasladados a un centro asistencial”, aunque sin precisar detalles de las víctimas.
“De momento se reporta la detención de once presuntos responsables del ataque”, añadió la cartera de seguridad pública.
Dos semanas de protestas
Desde hace dos semanas, miles de personas mantienen cerradas varias carreteras en diferentes regiones de Guatemala, incluida la capital, para exigir la salida de la fiscal Consuelo Porras, acusada de emprender acciones judiciales para evitar la toma de posesión en enero del presidente electo, el opositor Bernardo Arévalo.
“De algo estamos seguros: en democracia las personas no son asesinadas por razones políticas”, señaló Arévalo en un video publicado en la red social X (antes Twitter). El diputado socialdemócrata, de 65 años, exigió al presidente, Alejandro Giammattei, esclarecer los hechos y le demandó entablar un diálogo con los manifestantes.
Líderes indígenas que encabezan las protestas han señalado que mantendrán los bloqueos hasta lograr la renuncia de Porras y también del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana por ordenar polémicos allanamientos al tribunal electoral. Los tres son considerados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”.
Aunque la semana pasada los manifestantes llegaron a cerrar más de un centenar de rutas, este lunes la policía reportó cerca de una treintena de bloqueos. En algunos tramos viales pobladores han tenido altercados con los manifestantes para exigir la liberación del paso.
Los camiones permanecen varados mientras los manifestantes bloquean una carretera durante una protesta en San Lucas, Sacatepéquez, Guatemala. (AFP)
Mientras, la Fiscalía mantiene una presión para despejar las rutas y este lunes pidió a la Corte de Constitucionalidad ordenar la destitución del ministro del Interior, David Barrientos, al considerar que no ha acatado un amparo otorgado la semana a empresarios para que la policía proceda al desalojo de los bloqueos.
Ministro renuncia
El ministro del Interior de Guatemala, David Barrientos, renunció este lunes presionado por la Fiscalía para desalojar decenas de bloqueos de rutas que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, señalada de dirigir un “golpe de Estado” contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.
“Ante la complejidad de la situación actual en que se encuentra el país, presento a usted mi renuncia, ya que hasta el día de hoy he dirigido al Ministerio de Gobernación [Interior] y todas sus dependencias dentro del marco de la legalidad, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos”, indicó Barrientos en una carta enviada al presidente, Alejandro Giammattei.
Barrientos agregó que ha privilegiado el respeto a los derechos humanos para “todos los integrantes de esta noble institución [que incluye a la policía] y principalmente el derecho humano fundamental de la vida de todos los ciudadanos que habitan en todo el territorio nacional”.
La policía antidisturbios hace guardia mientras los manifestantes bloquean una carretera durante una protesta exigiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche (AFP)
La renuncia “se confirma de recibida y aceptada”, señaló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un mensaje enviado a la prensa.
Barrientos, un general retirado que había asumido en enero de 2022, renunció horas después de que la Fiscalía de Porras pidió a la Corte de Constitucionalidad ordenar la destitución del funcionario al considerar que desobedeció un amparo otorgado a empresarios la semana antepasada que faculta a la policía a desalojar los bloqueos.
