Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dieron el visto bueno al proyecto de ley que pretende prohibirle a los jueces de la República, ejercer en puestos del Poder Ejecutivo como ministros o en presidencias ejecutivas.
El plan es promovido por el diputado liberacionista Geison Valverde y tuvo un dictamen positivo en el foro legislativo.
“El juez que porta la camiseta de político y luego vuelve a ponerse la de juez, pierde en el proceso independencia, equilibrio; se puede poner en duda con justificada razón su imparcialidad”, afirmó Valverde.
Incluso, señaló que esa rotación expone hasta la integridad del quehacer en la judicatura.
De esta manera, se busca incorporar en la legislación costarricense la “Ley de Prohibición para que Jueces del Poder Judicial en Funciones sean Nombrados en Cargos Fundamentales en el Poder Ejecutivo” que contendría lo siguiente:
“Ningún juez del Poder Judicial en funciones o con autorización que lo aleje temporalmente de sus obligaciones podrá asumir el cargo de ministro, puesto de dirección o presidencia ejecutiva dentro del Poder Ejecutivo”.
De esta manera, para el diputado el cambio de sombrero vulneraría la objetividad de un juez; por tanto, se debe de salvaguardar la división de poderes contemplada en el artículo 9 de la Constitución Política.
“La separación de poderes sirve como un sistema de control y equilibrio para prevenir el abuso de poder y proteger los derechos individuales. Es a su vez, una salvaguardia necesaria contra la concentración de poder y sirve de base para proteger los valores y principios democráticos”, consideró.
Criterios sobre regulación a jueces
Previo al dictamen se recibieron criterios de varias instituciones quienes externaron su posición sobre esta propuesta.
Resalta el de la Segunda Vicepresidencia de la República donde se considera una medida discriminatoria para los funcionarios judiciales pese a estar amparados a un permiso sin goce salarial por parte de Corte Plena.
Mientras tanto, el Procurador adjunto Guillermo Bonilla firmó el documento a nombre de la Procuraduría General de la República donde se considera que hay viabilidad para la prohibición.
“De modo que, es jurídicamente válido que, por imperativo legal y por medio de un régimen de incompatibilidad, al funcionario público no se le permita, por ejemplo, desempeñar otra función pública o trabajo”, señala el documento de la Procuraduría.
Más bien, apuntan a realizar esta prohibición para quienes fungen en el Ministerio Público, la Fiscalía General y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A su vez, el Sindicato de la Defensa Pública también sugirió ampliar la prohibición para “todas las personas funcionarias de los órganos auxiliares de justicia y no debe agotarse únicamente para la judicatura”.
Tras el dictamen del proyecto, ahora pasa a Plenario para su etapa de mociones y, en caso de no presentarse ninguna enmienda, se daría su trámite de primer y segundo debate.
