Paula Ruiz
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) busca echar a andar la fase I y la fase II de una reorganización que implicaría el cese de funcionarios.
Alejandro Guillén, presidente ejecutivo del AyA confirmó la información, luego de recibir consultas relacionadas con el documento “Propuesta de Reorganización Administrativa Parcial del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA”, de mayo de 2023, del cual este medio tiene una copia.
Ese documento surgió a raíz del “jalón de orejas” que les dio el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) que se reveló a finales de abril mediante la presentación de una denuncia ante Fiscalía, dijo Guillén.
“En 2008, Mideplan con apoyo de Deloitte emitieron una organización para el AyA y luego después de 2010 empezaron a ‘añadirle frutas’ por decirlo así, al organigrama; entonces, hemos estado viviendo en pecado”, declaró el jerarca a El Observador.
El trabajo se centra en reajustar el organigrama que implicaría mover más del 50% de las casetas.
“Si nosotros movemos más de 50% de las casetas, eso significa una reorganización mayor y nos da la potestad de inclusive, de eliminar alguna de las casetas, lo que estamos haciendo es tratar de crear un balance para poder operar de una mejor forma”, especificó.
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El jerarca detalló que este documento forma parte de la fase I que implica movimientos preliminares, pero el movimiento mayor se hará en la fase II.
Para completar la fase I están a la espera de vistos buenos por parte de la Unidad Rectora que se comparte con Mideplan y ya fue un tema de discusión en la Junta Directiva de AyA.
Mientras que, la fase II se expuso ante dicho ministerio durante el jueves 25 de mayo mediante una reunión.
Ese mismo jueves, previo a la comunicación con el jerarca institucional, este medio solicitó una entrevista mediante el Departamento de Comunicación quienes indicaron que el documento es un borrador sujeto a análisis y valoración de las partes.
“Por lo que no se puede brindar mayor detalle. El documento oficial se dará a conocer públicamente una vez que este validado por los entes reguladores”, respondió el Departamento vía correo electrónico.
Guillén dijo que el objetivo es reducir la cantidad de personal y tiene claro que hay oposición de algunos trabajadores.
¿Podrían haber despidos?. Guillén fue contundente: “Sí, esa es la idea en algunos casos, pero principalmente, hay cierta gente que no son conducentes a las labores de la organización y que no están trayendo buenas cosas y esa es la gente que justamente tenemos que observar y ver que hacemos”, mencionó.
Con respecto a la cantidad de despidos previstos, no se atrevió a indicar tan siquiera un aproximado aunque sí dijo que “son elementos que ya hemos identificado”.
Inclusive, los catalogó como trabajadores acostumbrados a hacer “tortuguismo” y algunos de ellos se mantienen en teletrabajo lo cual no es de su agrado.
“Más tele que trabajo”
En este proceso, el Consejo Jurídico de AyA así como la Dirección de Finanzas, enviaron solicitudes a la Junta Directiva sobre los acuerdos tomados en relación con este tema.
“Es de nuestro conocimiento que cuatro asesorías legales que componen la Dirección Jurídica estarían siendo reubicadas en otras dependencias institucionales mediante la eventual reestructuración que se pretende instaurar en AyA”, dice el documento enviado por el Consejo Jurídico con fecha del 22 de mayo dirigido a Karen Naranjo de Junta Directiva.
Ante esto, mediante once puntos realizan solicitudes, entre ellas el envío de la recomendación técnica emitida por la Dirección de Planificación Estrategia de Acueductos para la reestructuración de la Dirección Jurídica.
A ello se suma la aprobación del ministro rector de la eventual reorganización de este departamento y el estudio técnico que identifique el problema así como la solución que se estaría atendiendo ante la eventual separación de las cuatro asesorías.
En tanto, Ana Cecilia Matamoros de la Dirección de Finanzas solicitó el criterio que motiva el traslado del área de Presupuesto a la dirección que ella representa.
Mediante cinco puntos, expone sus solicitudes entre ellas, pide aclarar: “¿Cuál es la mejora concreta que persigue la reorganización con el traslado del área de presupuesto a la dirección Finanzas?”.
En el documento enviado por Matamoros también externa su preocupación porque el organigrama planteado deja a nivel de departamento lo que hoy es considerado como direcciones nacionales.
“Por lo que es lógico pensar que a futuro existirá una reasignación hacia abajo de todos los funcionarios que hoy ocupamos puestos de Directores Expertos, al respecto solicito conocer cuáles son los mecanismos que complementan la reorganización que se propone, desde el punto de vista de la eventual afectación salarial que estaríamos sufriendo las personas que actualmente ocupamos los cargos mencionados”, planteó.
Específicamente sobre la Dirección Jurídica, Guillén declaró que ese ha sido el Departamento más “vocifero” ante la reorganización.
“Pero, también, ha sido el que tiene 64 agentes y la mayoría están en teletrabajo y a veces uno no sabe si es más tele que trabajo, entonces eso lo estamos viendo más de cerca para transferir algunas áreas dentro de la organización”, señaló.
Fue claro en que la institución no requiere de 64 agentes y por tanto, eso expone “el problema que tenemos”.
Alejandro Guillén, presidente ejecutivo de AyA confirmó el interés por la reducción de personal. (Cortesía Casa Presidencial).
El organigrama
En el organigrama planteado se indica que uno de los objetivos es que la institución cuente con una estructura organizacional ajustada a derecho.
Con la reorganización se pretende cumplir con las acciones y políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Estratégico y Anual Operativo de la entidad para mejorar los servicios brindados al público.
“Esta reorganización se fundamenta en los artículos 1, 2, 5, 11 y 12 de la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, N° 2726, el ordinal 2, 4, 26 y 34 del Reglamento de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Órgano Gerencial de AYA (…)”, justificaron sus proponentes.
También se apela a que una de las dificultades en la institución tiene que ver con la materialización de sus inversiones porque implica la dispersión de los procesos debido a la estructura organizacional.
Según el documento, la propuesta marca una línea de gobernanza en gestión de proyectos lo cual implica que los procesos relacionados a inversiones estarán en manos de una sola instancia.
“Lo cual facilita la coordinación y asignación de recursos y ayuda a definir un único conjunto de prioridades para todos los funcionarios que participan en estos procesos”, defiende el plan.
Debido a esto, se modifica el nivel directivo la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo por la Dirección Técnica.
Asimismo, se ajustan los nombres de las respectivas Subgerencias de Operaciones, Delegados y Administrativa pasando a Direcciones, señala el documento.
En cuanto al Departamento de Comunicación Institucional la propuesta es crear la Unidad de Mercadeo, con la mirada puesta en comunicar mejor a los usuarios y tener una comunicación estratégica.
Con respecto al impacto financiero, aclaran que no tiene una afectación sobre el presupuesto de la institución.
A continuación se detalla el apartado de “Principales cambios en la estructura” que se especifica en el texto:
a) Eliminación de duplicidad de funciones en materia de gestión de proyectos
b) Eliminación de cuellos de botella que provocan atrasos durante el ciclo de vida de ejecución de los proyectos
c) Organización de áreas bajo el principio de especialización del trabajo
d) Organización de áreas bajo un enfoque por procesos, permitiendo un flujo oportuno de las actividades y toma de decisiones.
La intervención en AyA
El 25 de abril se dio a conocer la intervención ordenada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves a cargo de la Presidencia, la Presidencia Ejecutiva, auditoría y Junta Directiva de AyA, Mideplan y MOPT.
El mandatario detalló en una carta enviada a la Contraloría General de la República que son acciones que van desde la priorización en la ejecución de proyectos de inversión, la actualización de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, un ajuste en la estructura organizacional y “hasta elevar al Ministerio Público todo aquello que pueda significar delitos contra la hacienda pública”.
Sobre la intervención, el presidente ejecutivo de Acueductos informó que el proceso continúa.
“Ahí vamos siempre hay mucha oposición interna sobre todo de la gente que no quiere trabajar, que no quiere enrolarse a tratar de arreglar la organización”, indicó.
Desde Mideplan, la ministra Laura Fernández indicó que en la intervención se han logrado identificar debilidades de capacidad de Acueductos y Alcantarillados que inciden en problemas de eficiencia en el desarrollo de proyectos de inversión tanto de agua potable como de saneamiento.
“Así como la estructura organizacional “paralela” que repercute en buena parte en esos problemas de gestión”, señaló.
La organización paralela a la que hace mención es la misma a la que hizo Guillén cuando se refirió a la incorporación de “frutas” en el organigrama.
“Se les apoya en el estudio organizacional que de pie a la implementación correcta de su estructura organizacional, se les ayudó a analizar su cartera de proyectos de inversión para ponerla al día, y actualmente se les colabora estudiando los lineamientos y requisitos para que proyectos de inversión prioritarios puedan avanzar en la etapa de factibilidad”, detalló Fernández sobre los aportes del Ministerio en este proceso.
A raíz de la supuesta modificación en el organigrama, Guillén y Fernández habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra los miembros de la Junta Directiva de aquel momento.
Esto se tramita en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José a través del expediente 23-005032-0175-PE y se indica que la denuncia es por los supuestos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
“Desde el año 2008 al 2009 llevan un Manual de estructura diferente, sin el permiso de Mideplan, aunque el Manual sí cuenta con el aval de la Junta Directiva, pero no de los sectores”, indica uno de los puntos denunciados.
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“Lo anterior realizado en forma ilegal ha causado un perjuicio en las finanzas públicas al crear puestos innecesarios realizado en contra de la Ley con conocimiento del quebranto al bloque de legalidad de los directivos en ese momento y que aún sus efectos se mantienen provocando perjuicios en las finanzas públicas”, agrega la denuncia.
Una de las personas que figuran en la denuncia es Ricardo Sancho, actual presidente del Partido Liberación Nacional (PLN) quien en ese momento era jerarca de la entidad.
Él defendió que siempre se tomaron disposiciones acorde con la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, Mideplan y la Contraloría General de la República.
Mediante la intervención, se ha logrado detectar que hay debilidades que inciden en problemas de eficiencia en el desarrollo de proyectos de inversión tanto de agua potable como de saneamiento, según Mideplan. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo/El Observador)
